Cuatro líderes en 18 días han hecho saltar todas las alarmas en el Chocó sobre una situación que no es nueva. Por ello, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá ha exhortado al presidente de Colombia y al Gobierno a que tome medidas efectivas de protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y advierte con especial énfasis sobre la situación de las comunidades del río Atrato “que siguen expuestas a las actuaciones de grupos paramilitares”.

El Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá denuncia el asesinato de cuatro líderes afrocolombianos en 18 días y exige a Gobierno que tome medidas de protección

Cuatro líderes en 18 días han hecho saltar todas las alarmas en el Chocó sobre una situación que no es nueva. Por ello, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá ha exhortado al presidente de Colombia y al Gobierno a que tome medidas efectivas de protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y advierte con especial énfasis sobre la situación de las comunidades del río Atrato “que siguen expuestas a las actuaciones de grupos paramilitares”.

Las palabras de denuncia del Comité se producen apenas dos días después del asesinato de Emilsen Manyoma, y de su esposo Joe Javier Rodallega, lideresa del Bajo Calima (límite entre el Chocó y el Valle del Cauca), e integrante de la red CONPAZ. Una muerte que se suma a la de Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, ocurrida en la comunidad de Caño Seco, en el río Salaquí (Riosucio) el pasado 7 de enero, y la de su padre, Juan de la Cruz Mosquera, de 54 años, solo dos días después. Este pertenecía al consejo comunitario de Tamboral, y era pastor de la iglesia Pentecostal y líder comunitario. Este crimen es atribuido a los paramilitares denominados “Gaitanistas”, explica en un comunicado el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá que denuncia ante la comunidad internacional la violación de derechos humanos y el asesinato de estos cuatro integrantes de las comunidades afrocolombianas.

Recuerdan las decenas de líderes y lideresas asesinados el año pasado y exigen al Estado Colombiano “que demuestre su auténtica voluntad de Paz”, y que “apliquen justicia y detengan esta oleada de crímenes contra los defensores de Derechos Humanos, líderes comunitarios y trabajadores por la paz”.

En los primeros 11 días del año ya se han reportado cinco asesinatos de campesinos y líderes sociales en zonas de lucha territorial. Además de los casos del Chocó, hay otros en Cauca, Córdoba y Cesar. La alerta sobre paramilitares en el río Atrato se produce al tiempo que la Fiscalía insiste en afirmar que no existen grupos paramilitares en Colombia y que los asesinatos de líderes sociales no responden a un patrón sino que son hechos aislados. La denuncia se produce una semana después de que las propias Naciones Unidas advirtieran en su informe de seguimiento del proceso de paz del intento paramilitar de ocupar los espacios que dejan las FARC en su desmovilización. Y a pesar de las denuncias y los asesinatos ayer mismo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistía en una entrevista en RCN Radio que “no hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”.

Denuncia de Afrodes

En este mismo sentido, Marino Córdoba, representante de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, (Afrodes), también ha denunciado que los paramilitares han incrementado considerablemente su presencia en Buenaventura, Cauca y Chocó, dejando a su paso amenazas y muertos de líderes sociales afros. En una entrevista con BluRadio ha advertido que el grupo paramilitar gaitanista está copando espacios que están dejando las FARC que hoy se concentra en los sitios para el desarme. “Estamos muy preocupados porque no hay una respuesta del Estado para garantizar la seguridad de los líderes y por otro no se está persiguiendo a los grupos armados”,

Equipo Colombia Plural // Fotos: Steve Cagan

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