Viajamos hasta el Pacífico nariñense para hablar con los campesinos que han tenido que plantar coca entre plataneras y frutales ante las trabas estructurales para vivir de los productos tradicionales. Creen que con ayudas "el plátano sería más rentable que la coca".

Llegar al río Tapaje en el litoral nariñense del Pacífico colombiano es encontrarse con la belleza exuberante de un ambiente que se despliega entre la selva húmeda que baja de la montaña y el océano Pacífico. El encuentro provoca una danza marcada por unas mareas que dan vida propia al río. Caseríos habitados por pueblos afrocolombianos e indígenas se van desplegando a ambas riberas del Tapaje, junto a los entremezclados cultivos de coca que reposan bajo las especies endémicas, árboles frutales, cultivos de pancoger y entre las plantas medicinales usadas históricamente por estas comunidades.

“En el año 2001 llegaron los cultivos ilícitos. En ese entonces yo trabajaba como líder en la parte eclesiástica, en la iglesia católica, y era uno de los que motivaba a la gente para que no sembrara los cultivos ilícitos”. Al pie del Tapaje habla Óscar Valencia*. Lleva en sus fuertes manos de piel negra las marcas del deterioro que deja el trajinar con la coca. Óscar es un campesino afrodescendiente de contextura delgada que traspasa los cuarenta años y que, a pesar de su insistente labor para evitar la llegada del cultivo de la coca a este territorio, terminó como muchas familias de la zona, salpicando de coca sus cultivos de plátano, yuca, papachina y cacao, que se dan también en medio de la explotación de madera. “Nosotros producíamos y comercializábamos el plátano hacia Guapi, pero era un trabajo duro y nos tocaba viajar de noche. Salíamos desde aquí y llegábamos al otro día, pero con los cultivos ilícitos los compradores llegaban directamente acá y eso fue una mejor alternativa para uno subsistir”.

El río Tapaje atraviesa a El Charco, un municipio ubicado en la costa pacífica nariñense, con 38 mil habitantes de los cuales el 94.7% son personas afrocolombianas, según proyección del DANE. A este municipio solo se puede llegar por vía fluvial, marítima o aérea. Desde Buenaventura (Valle), con suerte, el viaje se gasta unas ocho horas. Por ello, los costos en combustible para comercializar cualquier tipo de producto son altísimos. “Nosotros acá no tenemos vías para ser competitivos con el resto del país, no tenemos igualdades, porque el transporte todo es marítimo y nos sale muy caro. Una lata de gasolina (5 galones) sale hasta en 100 mil pesos cuando hay escasez, cuando está normal en 65 o 60 mil pesos”, razona Óscar, que explica que una de esas latas equivale a una hora de viaje fluvial y “si uno se echa un viaje de ocho horas en lancha cargada de plátano desde la vereda donde vivo, hasta Guapi… serían entonces ocho latas por viaje (800 mil pesos)”.

Las lanchas, o canoas, suelen ir cargadas con 150 o 250 raciones de plátano y esta carga debe venderse antes de que el producto llegue a madurarse y se dañe. “El negocio no se vende rápido. A veces, uno va allá y se le madura el plátano y se pierde. En épocas de vacaciones, que casi no hay consumo porque no hay estudiantes, casi todo se le perdía”. La mayoría de las familias que vivían de cultivar el plátano no tenían ingresos suficientes y así lo demuestran los resultados del censo del DANE que se realizó en el 2005 en donde se registró que alrededor del 90% de la población estaba entonces en situación de pobreza, con un índice de necesidades básicas insatisfechas del 81%.

La coca y la continuidad del conflicto

“A nosotros nos empezó a salir mejor cultivar coca porque los compradores llegaban hasta las veredas, y en ese caso se vende todo el producto y no se pierde nada”. Pero con la llegada de los cultivos ilícitos también hicieron presencia los grupos armados, provocando otro de los fenómenos que afecta a esta región del Pacífico: la lucha territorial y la violencia que acorrala a los civiles. El Tapaje ha sido ocupado por las FARC-EP y la Fuerza Pública y ambos actores fueron generadores de desplazamientos masivos de la población. La Unidad de Víctimas reporta un total de 3.436 personas desplazadas en el año 2000 (casi un 10% de la población) y en adelante, año a año, se presentaron múltiples denuncias de desplazamientos provocados por confrontaciones armadas. En una sentencia de 2014, la Corte Constitucional detalló que entre 2009 y 2011 los 10 municipios de la región del Pacífico nariñense generaron el 76% del total de las personas desplazadas del departamento y el 11,9% del país.

Las expectativas de los campesinos de esta zona ante la implementación de los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el Gobierno nacional son grandes, pero sobre el punto de sustitución de cultivos ilícitos todavía existen muchas dudas. No se pueden desvincular de los problemas estructurales que siguen aquejando a la población. “Nosotros para trabajar no tenemos problema, necesitamos maquinaria y vías para poder comercializar los productos, que nos doten de embarcaciones subsidiadas, ojalá sea lo más pronto, aunque sabemos que el gobierno muchas veces no cumple”, elucubra Óscar.

Según el nuevo acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del año pasado en Bogotá, el Gobierno deberá crear el Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que hará parte de la Reforma Rural Integral y ejecutará un proceso de “planeación participativa para garantizar la participación activa y efectiva de las comunidades -hombres y mujeres- en el proceso de toma de decisiones y en la construcción conjunta de las soluciones” ante el problema de los cultivos. Respecto a esto, el Capítulo Étnico del acuerdo plantea que, para el diseño y ejecución del PNIS, se deberá hacer consulta a las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos

Erradicar y sustituir, el otro meollo del asunto

Pero también hay un ambiente de incertidumbre sobre el proceso de sustitución de la coca para uso ilícito, pues se teme al hecho de que las comunidades no sean consultadas previamente y se avance en un proceso de erradicación sin la participación de las comunidades. “El gobierno manda al Ejército… ellos no van a mandar a los erradicadores solos, porque ellos saben que aunque las FARC hayan desaparecido, el campesino también puede hacer resistencia… entonces el costo sería más elevado. Esa plata que van a darle a erradicadores, o que van a gastar para pagar helicópteros, sería mejor que la inviertan en los cultivadores para que ellos mismos erradiquen los cultivos”, propone Óscar mientras saborea un poco de caña que cultiva para el autoconsumo comunitario en su parcela.

La fumigación con glifosato es otro riesgo inminente identificado por las comunidades. “La fumigación acaba con todo y ahí la comunidad se verá obligada a desplazarse, porque acá la presión por los desplazamientos no fue tanto por el conflicto (armado)…  fue, sobretodo, por las fumigaciones, porque hubo gente que quedó sin nada. La fumigación barre con todo, hubo destrucción de bosques y contaminación de los ríos”. En el caso de la costa del Pacífico nariñense, la Corte Constitucional en el Auto 073 de 2014 considera los impactos nefastos de este tipo de erradicación como una de las motivaciones principales que generó el desplazamiento forzado en esta zona, pues como resultado de las fumigaciones aéreas se terminó afectando a los cultivos lícitos de pancoger que, como registra el auto, “constituyen el soporte de la subsistencia y diario vivir de los pueblos afro”.

Para el proceso de sustitución de los cultivos ilícitos en un territorio como el del Tapaje hacen falta decisiones estructurales, tal como lo detalló la Corte, pero, además, desde las comunidades se esperan reparaciones integrales. “Lo primero que necesitamos acá para sustituir es un análisis del suelo, no tenemos comercialización y eso también se debe garantizar… nosotros no queremos que el Gobierno nos preste créditos, porque nosotros tenemos un trabajo y entonces ¿para dejar el trabajo y meternos en un crédito?”.

El territorio del Tapaje empieza a ver como la guerrilla de las FARC-EP se moviliza hacia las zonas veredales mientras que en la cabecera municipal de El Charco ya se pueden observar, en algunas paredes, los grafitis que anuncian la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Fuerza Pública está haciendo presencia cada vez más adentro de la cuenca del río y se teme que regresen las confrontaciones armadas, esta vez entre el Ejército y el ELN.

El panorama es todavía inestable y en medio de todo el conflicto las comunidades siguen intercalando los suelos con productos de pancoger y coca. La vocación agrícola sigue siendo una importante característica de estas gentes y la producción de plátano y banano sigue existiendo. Las comunidades, en su análisis, creen que retomar con fuerza esos cultivos puede ser beneficioso si hay ayuda. “El plátano es más rentable porque le da a uno cada 15 días, mientras que la coca se lleva tres meses para volver a cosechar”, lo explica de manera sencilla Óscar y sostiene esta afirmación que podría ser una arista fundamental durante el proceso de sustitución que será uno de los tantos desafíos del Estado para construir la paz estable.

* Nombre sustituido para proteger la identidad de la fuente.

Texto y fotos: Rossih Amira M.S.
Colombia Plural

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Esta página web fue realizada con el apoyo de NasaLuuçx Comunicaciones y la Red Afro LatinoAmericana

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