La ocupación de tierras, los indígenas nasa del norte del Cauca, Colombia, en siete haciendas de caña de azúcar de Corinto, ha desencadenado un fuerte represión del gobierno Santos, con un despliegue desorbitado de unidades del brutal cuerpo antidisturbios ESMAD (Escuadrón Móvil antidisturbios), que no han dudado en utilizar todos los medios de última generación con que el gobierno ha dotado estas unidades de élite dela altamente militarizada policía colombiana, haciendo gala de una respuesta absolutamente desproporcionada con lo que es una protesta firme pero pacífica. A pesar de esta brutalidad los 20 cabildos indígenas del norte del Cauca resisten el desalojo de las tierras ocupadas.
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Por medio de un comunicado, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció este jueves, que el Ejército de Liberación Nacional provocó el desplazamiento de 655 indígenas y afrodescendientes en el departamento del Chocó, los cuales están resguardados en un refugio por enfrentamientos entre el Eln y otro "grupo armado" no identificado.
En la primera semana de marzo de 2015 el Observatorio Pacífico y Territorio de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano realizó un ejercicio de investigación en Riosucio, Chocó, con el propósito de conocer la situación minera en los municipios del Carmen del Darién, Riosucio y Juradó. Los municipios del bajo Atrato no han sido de vocación minera, sino forestal. Sin embargo están padeciendo las consecuencias contaminantes de la explotación minera indiscriminada que se realiza en el medio y alto Atrato.
Tras un año de la intervención del gobierno nacional en el mayor puerto de Colombia sobre el Pacífico, esta ONG establece que siguen ocurriendo crímenes atroces y que no se les garantiza justicia a las víctimas. Las bandas criminales son las mayores causantes de violencia y zozobra.