Reiteradamente las fuerzas oscuras y asesinas atentan contra reconocidos líderes afrocolombianos, sin que las autoridades lo eviten. En esta ocasión la suerte estuvo de lado del dirigente y dos veces alcalde de Villa Rica (Cauca), Arie Aragón, quien salió ileso, pero no así del conductor Jesús Enrique Andrade, quien recibió dos impactos de bala en la cara el 8 de enero de 2015, y se recupera en una clínica de Cali.
El último semestre del 2014 estuvo cargado de amenazas contra dirigentes sociales, firmadas por unos grupos llamados Los Rastrojos y las Águilas Negras, en cuyos textos defienden el statu quo imperante en nuestro país: Dicen que mueran los defensores de la restitución de tierras, y eso ¿a quién le conviene? Pues a los terratenientes, acaparadores del sector rural colombiano. Dicen que muerte a aquellos que defienden los diálogos de paz, y eso, ¿a quién le conviene? Pues hasta donde se sabe por declaraciones de los medios de comunicación, quien ha estado en contra de los diálogos de paz es el autodenominado Centro Democrático del señor Uribe.
En Colombia el diálogo es un ejercicio difícil de hacer. Dialogar, un verbo que compromete a más de dos personas para llegar a acuerdos o disensos, basado en el lenguaje argumentativo y de prueba, se ha vuelto para las fuerzas oscuras, un adjetivo con el cual se califica a los dialogantes como cobardes y se les condena a la amenaza, al destierro o a la muerte. Consideran estos seres obtusos que producto del diálogo, Colombia ya no será de los potentados que heredan fortunas y dominan los poderes estatales.
Por ello, el atentado contra Arie Aragón, un hombre de diálogo que ha dedicado su vida a organizar a las comunidades negras del Cauca en la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas –UOAFROC, a apoyar el proceso de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, y a sacar adelante el municipio de Villa Rica, tiene como objetivo debilitar los procesos sociales y políticos de las bases. Y no es la primera vez que atentan contra él: el día 28 de febrero de 2014, hombres armados lo buscaron en su Casa de la Vereda Aguazul de Villa Rica.
De manera que el gobierno Santos y el Ministro de Guerra (digo, de Defensa) y la Fiscalía, tienen la obligación de desarmar estos grupos, supuestamente ilegales, pero que delinquen en la nariz de la Fuerza Pública. Y no sólo es el caso de Arie en el Norte del Cauca, también tenemos la situación de Francia Márquez y 17 líderes más de Suárez y la Toma, personas que se han atrevido a enfrentar la minería con maquinaria pesada, legal e ilegal, y lo único que han recibido son amenazas de muerte. Basta ya. Así no se construye la Paz, "maestro".