Lamentablemente, como es usual en los últimos años, debemos comenzar este informe resaltando la crítica situación de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos en el país. El 2018 fue, sin duda, el peor año para defensoras y defensores, esto lo demuestran los datos, pues registramos las cifras de agresiones más altas que se hayan presentado desde el inicio de nues- tro Sistema de Información en 2009. Eso sin contar la cantidad de casos que por diferentes motivos no se en- cuentran incluidos, pues partimos de aceptar la existencia de un subregis- tro, lo que quiere decir que el nivel de violencia es mucho más alto del que podemos imaginar.
Aunque el Acuerdo de Paz con la gue- rrilla de las FARC y los diálogos del Gobierno con el ELN planteaban una oportunidad histórica para la cons- trucción de paz en el país, el contexto político ha dado unos giros altamente temidos, que han hecho más com- pleja la situación de la violencia y que han pretendido arrinconar a organiza- ciones sociales y a sus líderes en los diferentes territorios.
Las fallas en la implementación de los acuerdos, la finalización abrupta de los diálogos y la ausencia de me- didas integrales que intervengan los círculos de violencias, entre otros asuntos, han desencadenado un es- calamiento del conflicto armado en el que han aparecido en escena muchos más grupos armados con diferentes intereses, pero con una necesidad en
común, la de adherir a su poder te- rritorios y con ellos sus poblaciones. Frente a estos hechos es imposible no sentir lo que desde muchos secto- res ya se expresa, que hemos retroce- dido en el tiempo en materia de segu- ridad y que el proceso de paz solo fue un corto oasis del que salimos abrup- tamente, sobre todo cuando ocurrió el cambio de Gobierno.
A pesar de la evidente crisis de dere- chos humanos y de la urgente nece- sidad de intervención para proteger la vida de todos y todas y, en particular, de las personas defensoras de de- rechos humanos, el actual Gobierno de Iván Duque ha optado por tomar posiciones opuestas a su deber de ofrecer garantías y ha dejado en un segundo nivel la difícil situación que atraviesan los defensores y las defen- soras, dedicándose, en su lugar, a po- ner otros temas en el centro, como el de la economía naranja.
De ahí que el presente informe lleve por nombre La naranja mecánica, pues el Gobierno nos ha mostrado en estos meses que lo naranja es lo prioritario, pues cruza, incluso, todo el Plan Nacional de Desarrollo, pero a su vez ha dejado ver que ese marcado interés por la economía y su puesta en la opinión pública es una manera de omitir y desaparecer asuntos mu- cho más importantes actualmente, como la Paz. Por eso, lo naranja apa- rece en el centro, pero detrás de ello surgen discursos como la negación de la existencia del conflicto armado, el desconocimiento de la sistematicidad en la violencia contra personas defensoras, el no reconocimiento de la existencia de muchos más grupos armados y que no solo están vincula- dos con el narcotráfico, la insistencia de la Fiscalía de que ha aumentado el esclarecimiento de los casos de ase- sinatos de defensoras y defensores cuando no es cierto y todo es juego retórico y mediático, la no implemen- tación de medidas acordadas con el anterior Gobierno y en el marco del Acuerdo de Paz para generar garan- tías de seguridad en los territorios, entre otros muchos aspectos que parecen indicar que Iván Duque está gobernando de frente a la economía y de espaldas a la Paz.
El informe representa un aporte regional importante para esclarecer las circunstancias del conflicto armado, nubladas por intereses ajenos a la verdad en nuestro país.