“El gobierno central es indolente ante la situación de Chocó”

Dos meses han pasado desde cuando se declaró la crisis de derechos humanos en Chocó. Numerosos organismos del Estado, así como medios de comunicación, hicieron todo tipo de anuncios y alertaron al país sobre la difícil situación del agobiado departamento. 

Junto con los anuncios, la Defensoría del Pueblo consideró pertinente instalarse durante esta semana en Quibdó para constatar lo que allí ocurre en materias de orden público, crisis carcelaria, desplazamiento forzado, homicidios, minería, en fin, toda la tragedia de derechos humanos (lea sobre la crisis y por qué se declaró).

El defensor Jorge Armando Otálora en efecto fue, instaló su despacho, consolidó cifras, habló con afectados, autoridades y medios de comunicación para dar un informe final de su prolongada visita. 

Con un mes de anticipación, invitó a las autoridades nacionales los Ministerio del Interior, el de Minas y el de Salud porque, como bien se sabe, la Defensoría no puede resolver sola la problemática regional. 

Pero el cierre de la visita no fue el que esperaba el defensor. Para su sorpresa, sus invitados de honor, entre ellos Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; Alejandro Gaviria, ministro de Salud, y Tomás González, ministro de Minas, nunca llegaron y enviaron a los viceministros. Por eso el país conoció este jueves a través de los medios un duro pronunciamiento en el que Otálora incluso advirtió denuncias penales contra altos funcionarios por su no asistencia, es decir, por no atender el llamado a las necesidades de un pueblo.   

En la mesa principal no estaban los ministros de Salud, Interior y Minas a pesar de que estaban invitados. Foto: Defensoría.

“Comparto con la comunidad de Chocó la impotencia de ver que el gobierno central siente una total indolencia ante la situación de esta región”, dijo Otálora a Semana.com. Pero la indignación del defensor no paró allí. “El Estado colombiano se ufana hablando de que tenemos las mejores leyes que sancionan la discriminación, pero los funcionarios son los primeros en discriminar a este departamento”.  

La Defensoría constató que la minería está contaminando los ríos que existen a tan solo 15 minutos de la capital chocoana, “pero el gobierno no hace nada. Queremos que vengan a la región no sólo en las elecciones”, espetó Otálora.

Con un ‘ya basta’, el defensor llama la atención del gobierno nacional para que actúe y atienda las recomendaciones que hizo este organismo del Ministerio Público en la resolución defensorial con la que manifiestan los dolores que padece Chocó. “Si no vemos respuesta, iniciaremos acciones judiciales con tutelas, acciones populares y denuncias penales. Si es necesario, iremos a organismos internacionales”, explicó Otálora para este medio de comunicación. 

A lo relatado por la Defensoría se une la denuncia hecha por Semana.com acerca del reclutamiento forzado, el desplazamiento indígena y la violencia en Quibdó (vea el especial multimedial).

La crisis no es nueva y a pesar de las décadas que lleva Chocó sumido en estos problemas, las autoridades del gobierno nacional siguen sin ir al departamento. Una vez más, la invitación a los ministros fue desatendida.