Ante la emisión del programa en la cadena Caracol, Séptimo Día, los días 26 de julio y 2 de agosto, en el cual se lleva a cabo un reportaje dedicado a presentar una imagen catastrófica con tintes mediáticos de las poblaciones y organizaciones indígenas del país, con énfasis en informaciones de hechos sucedidos sobre diferentes tópicos en los departamentos del Cauca, La Guajira, Tolima y otras regiones, consideramos necesario denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la gravedad de este tipo de documentales que buscan ideologizar la problemática de los pueblos indígenas en Colombia a favor de intereses políticos de conservación del statu quo de parte de elites regionales y grupos de extrema derecha.
A nombre de la libertad de expresión este tipo de reportaje mezcla de manera amañada delitos que ciertamente han ocurrido de violencias sexual, intrafamiliar y contra la mujer, cometidos en el interior de las comunidades indígenas, con denuncias de delitos de corrupción en el manejo de los recursos de transferencia, al lado de aseveraciones groseras que inculpan a la gente indígena como drogadicta y alcoholizada, como personas anormales con trastornos mentales, como si se tratase de la ausencia de un orden moral porque los indígenas hacen lo que quieren debido a sus tradiciones “salvajes”, reproducidas por la autonomía que les da la Constitución de 1991 y los desarrollos posteriores a través de la Corte Constitucional y la normatividad internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.
Es necesario develar las principales aseveraciones que se han lanzado desde este reportaje ideológico con fines claramente políticos.
Sobre la violencia sexual
Sin desconocer los hechos de violencias sexual, doméstica y contra la mujer en las comunidades indígenas en el departamento del Cauca es también necesario hacer visible los importantes cambios que se están dando con la fuerte participación de las mujeres indígenas a través de los Cabildos de Familia y demás entidades indígenas que coordinan estos esfuerzos denunciando esta situación relacionada con violencia de género. Este fenómeno de participación de las mujeres indígenas de diferentes grupos etarios, por ejemplo, en el norte del Cauca, es el que cada vez más está haciendo visible todas estas modalidades de violencia como delitos, y esto ha sido posible a través de la organización indígena tradicional. ¿Por qué los periodistas de Séptimo Día no entrevistaron a las mujeres indígenas de los Cabildos de Familia en Toribío, Jambaló, Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto y otros municipios que pertenecen a la ACIN y al CRIC? ¿Por qué únicamente entrevistaron a una dirigente indígena que pertenece a una organización enemiga acérrima del CRIC y de su asociación regional, la ACIN, como es la OPIC? Posiblemente porque quieren entregar un mensaje ideológico sesgado como si el movimiento indígena estuviera encubriendo delitos sexuales, cuando la realidad es que hay vientos de cambio en su interior gracias a la participación de las mujeres indígenas más educadas, pero también de mujeres en edades avanzadas menos educadas que están de acuerdo en la denuncia de estos hechos. Esto se puede observar en las estadísticas del sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) del sistema de salud en los municipios indígenas asociado con una mayor visibilidad para este tipo de delitos desde al año 2013. Este fenómeno de visibilización de estos delitos nunca antes se había presentado, como se está dando recientemente gracias a la movilización de las mujeres indígenas que forman parte de la organización indígena tradicional y que sin embargo, curiosamente antes ningún miembro de la elite regional caucana lo había reconocido desde el período colonial.
Embarazo adolescente y fecundidad
Con respecto al embarazo adolescente y la alta fecundidad entre las poblaciones indígenas como aseveración generalista emitida en este programa, hay que señalar que esto no se ajusta a la realidad. Los estudios de fecundidad resultantes del Censo 2005 para los pueblos indígenas revelan que hay significativas variaciones y algunos pueblos ya se encontraban para ese año en una fase de transición demográfica con una disminución en sus tasas de fecundidad. En segundo lugar, la Encuesta Piloto Experimental Nasa para el Buen Vivir realizada en el municipio de Toribío, entre el Proyecto Nasa, el CECIDIC, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y el CIDSE de la Universidad del Valle, en el año 2014, dio como resultado un descenso de la tasa de fecundidad entre el 2005 y 2014 al pasar de 4.1 hijos-as por mujer en edad fértil a 3.01 hijos-as, y que entre los efectos más reveladores con este descenso fue el desplome de la fecundidad adolescente. O sea, que el embarazo adolescente indígena ha venido en descenso muy seguramente en todo el norte del Cauca. Esto se asocia con los elevados incrementos educativos de las mujeres indígenas menores de 30 años en los últimos 15 años. Es posible que este fenómeno no sea común a todos los pueblos indígenas con la misma magnitud, pero desconocer los cambios en los patrones de fecundidad asociados a la disminución del embarazo adolescente como ya puede ser detectado en diversas comunidades indígenas andinas y de otras regiones del país, más que un grave error es una mentira.
Suicidio entre indígenas
El programa Séptimo Día pretende ser novedoso al señalar que la población indígena colombiana tiene la más alta tasa de suicidios en el país, pero fuera de emitir unas cifras equívocas sin señalar para cuál año y referenciar de forma inadecuada el estudio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses al que aluden[1], desconoce malintencionadamente que este patrón se ha encontrado en diferentes pueblos indígenas en las Américas (incluyendo Canadá y los Estados Unidos), al igual que otras sociedades del planeta (por ejemplo, en Nueva Zelandia, entre la sociedad Maorí). Las investigaciones epidemiológicas y socio-antropológicas internacionales tienen como común hallazgo explicativo de las altas tasas de suicidio entre los pueblos indígenas la asociación entre los procesos de expansión colonialista salvaje y la destrucción de las culturas y sociedades locales aborígenes. Una hipótesis cercana comparte el estudio del Instituto de Medicina Legal para el caso colombiano que supuestamente han leído los periodistas del programa en mención, pero curiosamente la dejaron por fuera o no la quisieron referenciar. Todo lo contrario a la forma irresponsable que estos periodistas y sobre todo una de las personas entrevistadas, achacan las altas tasas de suicidio a la organización comunitaria indígena, al igual que el alcoholismo y la drogadicción, fenómenos más bien relacionados con la situación de subalternidad o fuerte asimetría con respecto a los demás grupos poblacionales dominantes, tal como lo han señalado diferentes investigaciones en varios países.
Corrupción y organización indígena
Sobre el tema de la corrupción las generalizaciones que comete este reportaje ideológico son preocupantes. Si se toman en cuenta los resultados de gestión de los recursos públicos al nivel de la inversión social en los municipios del norte del Cauca (por ejemplo, Toribío y Jambaló), por parte de los Cabildos y las asociaciones de Cabildos, y el comportamiento de los indicadores sociales que permiten hacer un seguimiento, entre 2005 y 2014, por el contrario se tiene un panorama muy distinto al observarse una mejora significativa en la cobertura educativa y de salud (incluyendo saneamiento básico), al lado de expansión del programa de lengua propia, con mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos. Esto no puede explicarse únicamente por el aumento de los programas nacionales como el de Familias en Acción. Definitivamente el efecto positivo de las alcaldías indígenas en interacción con las autoridades tradicionales muestra una reducción importante en los niveles de pobreza (medida por NBI), al punto que dicha reducción es de mayor magnitud a la observada en municipios no indígenas en el mismo departamento del Cauca que disponen de recursos muy superiores. Es posible que no sea este el resultado en los diferentes resguardos del país pero sí en una buena parte de ellos.
Otro aspecto determinante en los hechos de corrupción denunciados en el reportaje ideológico sobre el municipio de Uribia en La Guajira, pero que es dejado expresamente por fuera del relato periodístico, es el poder paramilitar que ha incidido a lo largo de varios años, al igual que en otros municipios de este departamento, particularmente sobre el control paramilitar de los recursos de las transferencias que la Nación entrega a través de las alcaldías a los Resguardos reconocidos. No es de extrañar que se trate de alcaldías controladas por los paramilitares.
Tierras y resguardos
En relación con el tema de tierras en el Norte del Cauca, la Encuesta Piloto Experimental Nasa para el Buen Vivir realizada en el municipio de Toribío aplicada a 961 unidades domésticas – con base en un muestreo probabilístico –, se registra que en los tres resguardos indígenas del municipio (Tacueyó, Toribío y San Francisco)[2] se viene presentando un fenómeno de presión demográfica sobre la tierra que está conduciendo a un fraccionamiento y reducción del tamaño de los predios, ya que un 15% de las familias (sobre todo de parejas jóvenes) no tienen acceso a la tierra, y en el caso de las familias que si tienen acceso a tierra, solamente tienen en promedio 1.7 hectáreas de extensión, lo cual es extremadamente pequeño para garantizar la estabilidad económica de una familia[3]. O sea, se trata de un fenómeno de microfundio. A esto se añade que al menos el 85% de las tierras en los tres resguardos están en zonas de montaña de alta pendiente, lo que solo equivale al 13% de las 49.143 hectáreas del municipio aptas para explotación agropecuaria. Esto desmiente la falacia de acaparamiento de tierras por parte de la población indígena norte caucana.
Conflicto armado, guerrilla y movimiento indígena en el norte del Cauca
Quizás entre las aseveraciones más mentirosas del programa Séptimo Día es el vínculo que busca establecer la entre guerrilla de las FARC y el movimiento indígena en el norte del Cauca. Los diversos estudios independientes realizados por académicos y entidades técnicas de prestigio nacional en encuestas de opinión sobre el movimiento indígena nortecaucano, uno de ellos anexo a este documento (Encuesta Mundial de Valores 2012), han encontrado como hallazgos relevantes el fuerte rechazo entre los indígenas del norte del Cauca que participan en la organización tradicional indígena a la guerrilla de las FARC, al igual que a los demás actores armados del conflicto (fuerzas armadas y de policía; grupos paramilitares). Curiosamente este rechazo se manifiesta en preferir responder, ante una pregunta de opinión en esta encuesta de valores, ser de “derecha” que de “izquierda”, debido a la connotación de organización de “izquierda” de la guerrilla. Por ello en esta encuesta como resultado, al lado de un alto apoyo a las instituciones indígenas, siempre aparece el rechazo a toda forma de conflicto vía el enfrentamiento armado. Para el movimiento indígena en el norte del Cauca la guerrilla de las FARC ha sido una continua amenaza al territorio y a las formas de gobierno y jurisdicción propia. Esto lo han podido corroborar diversos estudios académicos independientes, nacionales e internacionales, los cuales también han constatado que la presencia de indígenas como milicianos de las FARC en el territorio indígena nunca ha comprometido a la organización indígena y por el contrario, ha sido una fuente de amenazas a la convivencia y seguridad ciudadana de la población indígena. Una cosa es que la guerrilla dispute el territorio a la autoridad indígena desde los años sesenta y setenta en el siglo pasado y otra que la organización indígena haya tenido acuerdos con esta guerrilla. Esto último nunca se ha podido probar porque sociológicamente no ha sido posible ya son dos poderes que se rechazan mutuamente. De hecho, se ha tratado siempre de una disputa con muchas bajas humanas ocasionadas por la guerrilla de indígenas en los resguardos tradicionales, algunos de ellos líderes ampliamente reconocidos.
Por lo anterior, como miembros de la comunidad académica nacional consideramos que lo mínimo que debe hacer el Canal Caracol es ofrecer un espacio televisivo con el mismo rating de audiencia en el que se permita el derecho de réplica para debatir las aseveraciones irresponsables emitidas por Séptimo Día.
Grupo de estudios “étnico-raciales y del trabajo en sus diversos componentes sociales”, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE), Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle.
Cali, 7 de Agosto de 2015.
[1] Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia GCRNV. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2015. “Suicidio de Indígenas en Colombia. 2010-2014”. En Boletín Epidemiológico.
[2] Que cuentan con título colonial desde 1701 por solicitud hecha al Rey de España por el Cacique Manuel de Quilo y Ciclos.
[3] Teniendo en cuenta la resolución 041 de 1996 del antiguo INCORA según la cual las extensiones mínimas de las UAF en la regional 6 Cauca -incluye Toribío- es de 14 a 19 hectáreas.