La minería en Colombia ha sido destacada como uno de los principales motores del crecimiento económico colombiano, y sin embargo, este informe revela que en el caso del carbón, el Gobierno de Colombia, en realidad, lo fue regalando todo en 2007 y 2009. La falta de un sistema fiscal eficiente y transparente ha dado lugar a que la ganancia de algunas corporaciones multinacionales, proveniente de las exenciones impositivas, sea mayor a lo que pagan en impuestos de renta y a las regalías. Con la nueva ley impositiva propuesta, en vez de aumentar el impuesto de renta para las empresas mineras, el gobierno planea reducirlo del 33 al 25 por ciento.1
Con el objetivo de duplicar las exportaciones de carbón2 y triplicar la minería en general para el 2021, Colombia corre el riesgo de entregar sus recursos naturales a cambio de inmensos costos sociales, ambientales y de derechos humanos si no revisa su régimen fiscal. Por otra parte, las conclusiones de este informe revelan que las políticas gubernamentales dirigidas a la rápida expansión de la extracción de recursos naturales a través de la Inversión Extranjera Directa (IED) están en conflicto con las políticas en materia de protección de áreas ecológicamente sensibles, de derechos de campesinos, Pueblos Indígenas y Afrocolombianos, de restitución de tierras y de protección de áreas de uso agrícola.
Este informe está escrito en el contexto de una rápida expansión de la industria minera colombiana y del aumento de la inversión europea en la minería en Colombia. Además, se publica en un momento en el que el Reino Unido (RU) ha estado promocionando los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Dado que el Reino Unido ha efectuado un paso positivo al dirigir, junto al gobierno colombiano, el desarrollo de una Estrategia Colombiana en base a estos principios, se espera que este informe y sus recomendaciones puedan alimentar las estrategias de Colombia y el Reino Unido. La política económica colombiana tiene a la industria extractiva como una de las principales locomotoras para impulsar el crecimiento económico durante la próxima década. Sin embargo, esta política ha sido promovida en el contexto de un conflicto interno y de violaciones de los derechos humanos en curso, incluyendo el desplazamiento forzado. A pesar de la naturaleza de un conflicto en curso, el Gobierno ha aprobado una ley de justicia transicional para restaurar aproximadamente 2,2 millones de hectáreas de las aproximadas 6,6 millones que han sido usurpadas o abandonadas durante el conflicto.3 El impulso para convertir a Colombia en un país regionalmente conocido como un ‘país minero’ se está llevando a cabo antes de implementar las políticas de restitución de tierras, lo que aumenta la dificultad de devolver las tierras robadas a quienes han sido desplazados por la fuerza.
Alimentando el conflicto y los abusos contra los derechos humanos
El conflicto y el desplazamiento forzado están complejamente relacionados a intereses económicos. Un informe realizado por CODHES4 en 2011, que mapea el desplazamiento y las desapariciones forzados con la actividad
económica en Colombia, demuestra cómo los intereses económicos, incluyendo la minería, han repercutido en el conflicto. El informe concluye que “las zonas mineras están militarizadas y paramilitarizadas: la fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento.” 5
Un problema inevitable es que la tierra dada en concesión minera ha sido, en muchos casos, alcanzada por el largo conflicto interno de Colombia. El riesgo para las empresas de dañar su reputación al beneficiarse de violaciones de derechos humanos es alto, y el contexto colombiano presenta retos difíciles para las empresas que desean invertir de manera responsable, respetar las normas de derechos humanos y contribuir positivamente a la situación general de estos derechos. Esto es lo que particularmente sucede con las inversiones relacionadas a la tierra, como es el caso de la extracción de minerales. En las regiones mineras como las descritas por CODHES, las corporaciones multinacionales podrían tener la posibilidad de legalizar la posesión de las tierras obtenidas ilegalmente a través del desplazamiento forzado violento. Además, el dinero que los grupos armados ilegales obtienen de las multinacionales, a menudo a través de la extorsión, se utiliza, junto con otros ingresos, para alimentar el conflicto.
De acuerdo con una consultora de análisis de riesgo global, la práctica de la extorsión continúa en Colombia.6 Sin embargo, en los procedimientos judiciales iniciados en los Estados Unidos, las denuncias que se han hecho sugieren que también las empresas hicieron aportes voluntarios a los grupos armados ilegales.7 Asimismo, las unidades especiales del ejército, bajo la dirección del gobierno y creadas para proteger la infraestructura y las instalaciones industriales, han sido involucradas con frecuencia en violaciones de derechos humanos cometidas directamente o en connivencia con las fuerzas paramilitares.8
Los derechos indígenas y la consulta
La Ley 685 de 2001 (comúnmente conocida como el Código de Minas) entra en conflicto con una serie de políticas nacionales entre las que se encuentran las protecciones constitucionales conferidas a los Pueblos Indígenas y las garantías para el medio ambiente. Colombia parece haberse movido en la dirección de facilitar la IED en la minería hasta el punto de crear “Reservas Estratégicas Mineras” que serán subastadas a empresas multinacionales (EMN) y que podrían eludir el derecho a la consulta previa del que son titulares los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. Los grandes proyectos económicos en territorios indígenas son los principales contribuyentes al riesgo de extinción de 64 grupos indígenas;9 a finales de 2010, el 59 por ciento del territorio colombiano estaba otorgado en concesión o tenía solicitudes mineras pendientes.10
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1 Reuters, Colombia presenta reforma fiscal para crear puestos de trabajo, cerrar vacíos legales, 2 de octubre de 2012 http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-colombia-tax-idUSBRE8911B620121002
2 “Colombia es actualmente el mayor exportador de oro en América Latina”. Elizabeth Dickinson, Fiebre del Oro, Política Exterior (‘Colombia is currently the largest exporter of gold in the Latin American region’.
Elizabeth Dickinson, Gold Rush, Foreign Policy), 11 de agosto de 2011 http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/09/gold_rush?page=full
3 Observatorio de Desplazamiento Interno y Consejo Noruego para los Refugiados, Sentando las Bases para la Restauración de la Tierra: Hacia la restitución de bienes a los desplazados internos en Colombia
(Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, Building Momentum for Land Restoration. Towards property restitution for IDPs in Colombia), noviembre de 2010, pág.10. 4 CODHES, una importante organización colombiana que trabaja para las personas internamente desplazadas y víctimas del conflicto.
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