Coalici\u00f3n de 500 Organizaciones sociales de todo el pa\u00eds presentaron el d\u00eda de ayer a la opini\u00f3n p\u00fablica, el informe que prepararon como insumo para el Examen Peri\u00f3dico Universal \u2013 EPU, al que se someter\u00e1 Colombia el pr\u00f3ximo 10 de mayo en Ginebra Suiza, en la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, ONU.<\/p>\n

La Presentaci\u00f3n del Informe por parte de la Sociedad Civil ante la ONU tendr\u00e1 lugar el d\u00eda 13 de abril a las 10 a.m. desde Ginebra Suiza, (2:00 a.m. hora Colombia). #500OrganizacionesHablan.<\/p>\n

El Examen Peri\u00f3dico Universal, EPU, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas que tiene como prop\u00f3sito hacer un seguimiento pa\u00eds a pa\u00eds, de cada uno de los 193 miembros de la ONU, con el objeto de mejorar la situaci\u00f3n de derechos humanos en el terreno. El Examen se realiza cada cinco a\u00f1os para cada pa\u00eds y este ser\u00e1 el tercer ciclo de Examen a Colombia.<\/p>\n

El informe de las organizaciones de la sociedad civil colombiana, es un esfuerzo coordinado de an\u00e1lisis y sistematizaci\u00f3n de informaci\u00f3n suministrada por alrededor de 500 organizaciones sociales, relativa al periodo comprendido entre 2013 y 2017. Consta de 11 cap\u00edtulos y 25 temas, que recogen la situaci\u00f3n de derechos humanos en el pa\u00eds identificando las afectaciones diferenciadas para mujeres, ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, personas en condici\u00f3n de discapacidad, pueblos ind\u00edgenas, afrodescendientes y poblaci\u00f3n LGBTI. De igual forma, hace seguimiento a las recomendaciones por pa\u00edses emitidas en el anterior ciclo del EPU.<\/p>\n

El informe parte de destacar que la firma del Acuerdo de Paz ha significado un alivio humanitario que, seg\u00fan datos del Cerac, ha evitado la muerte de alrededor de 2.300 personas. No obstante, se\u00f1ala que persiste el conflicto y los dem\u00e1s actores contin\u00faan infringiendo el Derecho Internacional Humanitario a trav\u00e9s del desplazamiento forzado, el confinamiento, bombardeos, reclutamiento de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, el irrespeto a la objeci\u00f3n de conciencia, la violencia sexual, el secuestro y los ataques a bienes y personas protegidas. Se estima que entre 2013 y 2016, entre 600 y 700 mil personas han sido desplazadas, seg\u00fan el Internal Displacement Monitoring Center y la Unidad Nacional de V\u00edctimas.<\/p>\n

El estado actual de implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc avanza en medio de obst\u00e1culos e incumplimientos por parte del gobierno, afirma el informe. Un ejemplo de lo anterior es que, seg\u00fan datos del Mecanismo de Monitoreo y Verificaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, de las 38 Zonas de Paz, antes Zonas<\/p>\n

Veredales Transitorias de Normalizaci\u00f3n, solo seis se construyeron totalmente. Por otra parte, persiste la falta de garant\u00edas de seguridad para los excombatientes. Hasta septiembre de 2017, 32 de ellos fueron asesinados seg\u00fan lo ha denunciado la antigua guerrilla.<\/p>\n

En materia de restituci\u00f3n de tierras, punto neur\u00e1lgico de la pol\u00edtica de atenci\u00f3n a v\u00edctimas, de la meta de 400 mil familias restituidas trazada por el Estado en la Ley 1448 de 2011, a agosto de 2017 solo se ha iniciado tr\u00e1mite de restituci\u00f3n para 19.822 familias y solo 5.400 cuentan con sentencia de restituci\u00f3n, es decir, cerca del 2% del total de v\u00edctimas y 25% de las inscritas en el Registro \u00danico de V\u00edctimas RUV. A pesar de que en el Acuerdo de Paz se pact\u00f3 un cap\u00edtulo \u00e9tnico, no se han habilitado espacios adecuados de concertaci\u00f3n con afrodescendientes y pueblos ind\u00edgenas, ni se han adoptado las medidas en \u00e9l contempladas para la satisfacci\u00f3n de sus derechos.<\/p>\n

La persistencia del paramilitarismo y la negativa del Estado a admitirlo es otro de los aspectos que se\u00f1ala el informe destacando c\u00f3mo el gobierno ha insistido en enmascarar su car\u00e1cter de actor del conflicto armado, as\u00ed como sus v\u00ednculos con poderes locales y agentes de la fuerza p\u00fablica, bautiz\u00e1ndolos con otros nombres como Bandas Criminales, Bacrim, Grupos Armados Organizados, GAOS o Grupos Delictivos Organizados, GDO. No obstante, se ha documentado la existencia de 13 estructuras que conservan las caracter\u00edsticas del paramilitarismo y siguen actuando en 344 municipios de 31 departamentos, seg\u00fan datos de INDEPAZ recogidos en el informe.<\/p>\n

Estos grupos armados siguen siendo uno de los principales factores de amenaza para l\u00edderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, quienes entre 2013 y 2017 fueron v\u00edctimas de, al menos, 276 asesinatos y 174 atentados. El 69% de las v\u00edctimas de ataques habita en las zonas rurales y ejercen liderazgos locales y el 25% de las personas afectadas pertenece a pueblos y comunidades \u00e9tnicas. 29 de los asesinatos fueron contra l\u00edderes y defensores LGBTI, 61 ind\u00edgenas, 41 mujeres y 20 afrodescendientes.<\/p>\n

Pero no solo el conflicto sigue cobrando vidas de manera violenta en Colombia. Entre 2013 y 2016 cerca de 2.810 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopol\u00edtica. En los 1.128 casos donde se conoce el presunto autor, en el 69,93% se atribuye la responsabilidad al Estado y en el 29,87%, a las guerrillas. El 24,96% eran mujeres y el 17,1% eran ni\u00f1as, ni\u00f1os o adolescentes. Por otra parte, entre 2013 y 2016 se registraron 595 detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado.<\/p>\n

En materia de derechos civiles y pol\u00edticos tambi\u00e9n persisten: el hacinamiento carcelario que en 2017 se ubic\u00f3 en un 50,1% seg\u00fan datos del INPEC; las detenciones arbitrarias, 595 entre 2013 y 2016; el desconocimiento por parte del gobierno y de la rama judicial del derecho a la objeci\u00f3n de conciencia, lo que hace que el requisito de la libreta militar siga obstaculizando el derecho al trabajo; el uso ilegal de la inteligencia estatal, con existencia de herramientas sofisticadas e invasivas que funcionan de forma ilegal como la Plataforma \u00danica de Monitoreo y An\u00e1lisis, PUMA; la estigmatizaci\u00f3n, criminalizaci\u00f3n y represi\u00f3n violenta de la protesta social, esta \u00faltima se expresa en la actuaci\u00f3n de miembros del ESMAD involucrados en al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 3.000 casos de lesiones personales y 80 de tortura.<\/p>\n

El Estado Colombiano sigue en deuda con los derechos a la igualdad y la no discriminaci\u00f3n de las mujeres, la poblaci\u00f3n LGBTI, las personas con discapacidad. En 2016, las mujeres representaron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja o expareja, entre 2013 y 2016, 440 personas LGBTI fueron asesinadas, y en 148 casos, el hecho tuvo relaci\u00f3n con prejuicios hacia su orientaci\u00f3n sexual.<\/p>\n

La situaci\u00f3n de derechos fundamentales y colectivos que enfrentan los pueblos ind\u00edgenas es muy grave en materia de: violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH, derechos territoriales, consulta previa en el contexto del Pos Acuerdo; as\u00ed como el caso emblem\u00e1tico del Pueblo Nukak, uno de los \u00faltimos pueblos n\u00f3madas del pa\u00eds; su poblaci\u00f3n no supera las 600 personas por causa del conflicto armado por el control de sus territorios se encuentran en grave riesgo de exterminio f\u00edsico y cultural; Dentro de las lamentables cifras solo en el tema de DH, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, hubo 38 ind\u00edgena l\u00edderes y lideresas comuneros asesinados, 122 ind\u00edgenas desplazados, 827 en confinamiento, 3800 ind\u00edgenas desplazados; del a\u00f1o 2014 al 2016 cerca de 11644 violaciones a los DH y al DDHH. El 62, 7% de los Pueblos se encuentran en riesgo de extinci\u00f3n, de estos 35 en inminente riesgo y tiene medidas de protecci\u00f3n especial con el auto 004 de 1994 de la Corte Constitucional.<\/p>\n

La impunidad es otro de los aspectos que preocupan a las organizaciones sociales que presentan el informe como insumo para el EPU 2018 a Colombia. En casos como la desaparici\u00f3n forzada, de 4.578 procesos abiertos por este delito solo el 0,9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecuci\u00f3n de penas. En relaci\u00f3n con las ejecuciones extrajudiciales, de 838 investigaciones abiertas, solo el 3,22% se encuentra en ejecuci\u00f3n de pena y el 8,35% en etapa de juicio.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, se presenta una situaci\u00f3n de impunidad generalizada. Como ejemplo, el informe se\u00f1ala que, de los 627 casos recogidos en Autos de la Corte Constitucional sobre el tema, solo alrededor del 3% tuvieron sentencia. Tambi\u00e9n para la poblaci\u00f3n LGBTI la impunidad frente a los cr\u00edmenes sigue siendo la regla. De las 347 investigaciones penales por homicidios, 211 contin\u00faan en etapa de indagaci\u00f3n preliminar incluso despu\u00e9s de varios a\u00f1os de ocurridos los hechos, y solo se han producido 27 condenas.<\/p>\n

La administraci\u00f3n de justicia presenta problemas estructurales como falta de garant\u00edas para jueces y v\u00edctimas, as\u00ed como casos de corrupci\u00f3n. Seg\u00fan datos de la Fiscal\u00eda, existen m\u00e1s de 800 investigaciones y 48 capturas de funcionarios de la Fiscal\u00eda por corrupci\u00f3n.<\/p>\n

En materia de derechos sociales, la mortalidad por hambre es una realidad en el pa\u00eds, concluyen las organizaciones. En la \u00faltima d\u00e9cada 2.000 ni\u00f1os y ni\u00f1as menores de cinco a\u00f1os han fallecido por esta causa. Solo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron de hambre 66 ni\u00f1os y ni\u00f1as pertenecientes al pueblo Wayu\u00fa.<\/p>\n

En su balance, las organizaciones sociales insisten en la creciente desigualdad social que se expresa tambi\u00e9n en indicadores como la brecha urbano rural del 25,5%, el \u00edndice Gini es de 0,517%, (siendo 1 el indicador de desigualdad m\u00e1s alto y 0 el m\u00e1s bajo) y el aumento del IVA en 3 puntos porcentuales disminuy\u00f3 el poder adquisitivo de los m\u00e1s pobres. Pero tambi\u00e9n en la concentraci\u00f3n de la tierra: seg\u00fan el Censo Nacional Agropecuario, un 40,1% del \u00e1rea censada est\u00e1 ocupada por el 0,4% de unidades productivas de m\u00e1s de 500 hect\u00e1reas. En contraste, el 4,8% de la tierra est\u00e1 ocupado por el 69,9% de unidades productivas de cinco o menos hect\u00e1reas.<\/p>\n

Esto en el contexto de un modelo econ\u00f3mico que prioriza la extracci\u00f3n desmedida de recursos naturales \u2013con impactos como los expuestos en recientes tragedias ambientales\u2013 y la mayor concentraci\u00f3n de la propiedad de la tierra a trav\u00e9s de figuras como las Zonas de Inter\u00e9s de Desarrollo Rural, Econ\u00f3mico y Social, ZIDRES, proyectadas para la agroindustria extractiva.<\/p>\n

En cuanto al desempleo (8,9%) alcanza cifras alarmantes entre los j\u00f3venes rurales llegando al 50,4% y la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 42,7% en las ciudades y 41,6% en el campo. Tambi\u00e9n persiste el d\u00e9ficit en el acceso a la salud por falta de disponibilidad, calidad y accesibilidad, y a la educaci\u00f3n donde prevalece un modelo de mercado y no de derechos. La tasa de analfabetismo es de 5,8% en las \u00e1reas urbanas y entre el 12,1 y el 20% en las zonas rurales.<\/p>\n

Por todo lo anterior, las organizaciones concluyen que el Estado colombiano no ha cumplido cabalmente con las recomendaciones de los anteriores EPU (2008 y 2013) y que contin\u00faan cometi\u00e9ndose graves violaciones a los derechos humanos \u2013vistos de manera integral\u2013 e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que permanecen en la impunidad. As\u00ed mismo, se\u00f1alan que el Estado \u00abse raja\u00bb en derechos humanos tambi\u00e9n porque no coopera con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo al Examen Peri\u00f3dico Universal. Esta es una de las exigencias que hacen las 500 organizaciones sociales para que el EPU logre contribuir eficazmente a la construcci\u00f3n de paz en Colombia.<\/p>\n

\u2022 Adjuntamos en PDF el Resumen de Incidencia del Informe Examen Peri\u00f3dico Universal –\u00a0Tercer Ciclo 2018: Informe de la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia y la Comunidad de Juristas Akubadaura<\/em>:\u00a0<\/strong>Resumen Informe #EPUColombiaIndigena – Ginebra 2018<\/a><\/p>\n

Bogot\u00e1, jueves 5 de abril de 2018<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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