Las autoridades tradicionales denuncian el ingreso de diversos grupos armados a sus cabildos, ratifican su negativa a la guerra y responsabilizan al Gobierno por incumplir en la implementación de los acuerdos de paz.
En algunas casas indígenas del Norte del Cauca se ven pintadas frescas con siglas de grupos armados. Pero también se sufre, de nuevo, la presencia de hombres uniformados, armados, con brazaletes en que se autoidentifican como parte de grupos guerrilleros o paramilitares. Y los Nasa saben qué viene durante y después estas incursiones.
Por eso no quieren dejar pasar el tiempo ni volver a enterrar a comuneros y por eso advierten que no van a permitir la presencia de ninguno de estos grupos en unos territorios que van a ser protegidos por la Guardia Indígena.
En una gran asamblea celebrada este jueves 6 de abril en la vereda El Sesteadero del municipio de Toribío (Cauca), se dieron cita las autoridades tradicionales que agrupa la asociación de cabildos Proyecto Nasa de Toribio y los cabildos que integran la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, ACIN Çxhab Wala Kiwe, la comunidad de Toribio y delegaciones de otros territorios indígenas del norte del Cauca.
“Desde hace algunos meses en nuestras comunidades han ingresado personas extrañas, algunos camuflados con prendas militares y brazaletes del ELN o el EPL y otros menciona que dicen hacer parte del grupo Patria Libre, han colocados letreros en viviendas y lugares del territorio. Cuando las autoridades indígenas nos enteramos de su presencia acá, entablamos diálogos con ellos y les manifestamos que no queríamos su presencia aquí, les dimos un plazo para salir del territorio, sin embargo no se fueron, al principio eran diez personas, ahora son treinta y además quieren involucrar a los jóvenes de nuestras comunidades en sus filas”, denunciaba en la asamblea comunitaria el gobernador indígena de Toribio.
Proyecto Nasa, en un duro comunicado, ha señalado a “este estado inoperante e incapaz de buscar la protección de las comunidades” como responsable de permitir, “poco a poco, el accionar de grupos armados, los cuales se autodenominan ELN Y EPL y que vienen ocupando en actitudes hostiles los antiguos escenarios de guerra que ocupaba las FARC, reclutando ex integrantes de las FARC y con el fin de perseguir los mismos intereses económicos, quienes en forma extraña están creciendo en armas, e integrantes activos, e incentivan el reclutamiento de nuestros comuneros y con más preocupación cuando se trata de menores de edad, para fortalecer su grupo y su accionar armamentístico, desde hace cuatro meses nuestros comuneros y autoridades tradicionales están siendo amenazadas, los continuos panfletos y llamadas extorsivas se han vuelto continuas”.
La paz anunciada no llega a unos territorios especialmente golpeados por una guerra que vuelve a colarse en sus territorios. “Llevamos más de 50 años de conflicto armado”, recordaba el gobernador indígena de Corinto. “No queremos que nuestros hijos repitan esa dura historia, no necesitamos que vengan a decir que nos van a cuidar, nosotros nos hemos cuidado siempre y lo vamos a seguir haciendo. La comunidad merece y exige estar tranquila en sus territorios”.
En la asamblea se apostó por la sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito y así evitar que éstos “se conviertan en un pretexto de uno y otro bando armado para permanecer en los territorios” y se repitieron las intervenciones alrededor del riesgo para los más jóvenes, ya que los grupos armados están intentando reclutar en las comunidades.
Por eso, tal y como anuncia hoy la ACIN “las autoridades decidieron reactivar los puntos de control territorial con la guardia indígena, como cuidadores milenarios del territorio”.
Para ellos, ese cuidado se basa en mandatos ancestrales, “orientados en las resoluciones de autonomía que han marcado el caminar de las autoridades y comunidades indígenas”. Recuerdan la resolución de Vitonco, de 1985, la resolución de Piekwe tha fxiw en Tierradentro, sobre la protección colectiva del territorio y del pueblo Nasa, la resolución de Jámbalo, de 1992, ante los grupos armados y los cultivos de uso ilícito o la resolución de Toribio del año 2011, tras una agresión de las FARC con “chiva bomba”.
“Vengan de donde vengan los grupos que están intentando alojarse en nuestros territorios, no los vamos a permitir aquí, si quieren hacer la guerra que se vayan de nuestras comunidades aquí no queremos más guerra, sabemos que algunos son exintegrantes de las FARC que no se acogieron a los acuerdos de paz y ahora se han cambiado de brazalete, otros que se han retirado de las Zonas Veredales porque el gobierno nacional no les ha cumplido ni siquiera con lo logístico. Con esto quiero decir que frente a lo que está pasando en nuestros territorios y al resurgimiento de los grupos armados, el gobierno nacional tiene gran responsabilidad, pues no ha cumplido de manera integral con los compromisos pactados con las FARC, y con todo esto, nuevamente las comunidades indígenas somos los afectados”, explicó una autoridad tradicional de San francisco.
Los indígenas del Norte del Cauca ‘cierran’ así su territorio para evitar que la guerra siga agrediendo a su población y a la Uma Kiwe (Madre Tierra) y piden a las Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones de derechos humanos que estén “muy atentos frente lo que viene sucediendo en los territorios y emitir alertas urgentes frente a las situaciones territoriales”.
Equipo Colombia Plural