En el marco del primer Encuentro Regional para la Paz, realizado en Quibdó-Chocó, se hizo un análisis del Acuerdo 2, sobre participación política y la consecuente ampliación de la democracia. En esta conferencia se analizan los posibles efectos que tendrá en el Pacífico étnico.
El Acuerdo sobre el segundo punto de la Agenda para la terminación del conflicto, sobre Participación Política. (VER VIDEO).
El acuerdo 2, emanado del dialogo entre las FARC y el Gobierno, tiene como propósito ampliar la democracia, para que permita la participación de nuevas fuerzas políticas. Para el desarrollo de ese propósito, debe quedar proscrito el uso de la violencia como método de hacer política. Esto referido a los movimientos que se han levantado en armas para expresar ideas políticas.
La senadora Claudia López decía recientemente que la guerrilla está pidiendo participación política, porque nunca ha podido participar legalmente, mientras que el proceso con los paramilitares no fue un tema de discusión; por supuesto, ellos ya tenían el 40% en el congreso, no lo necesitaban. Por eso la lógica de este acuerdo es abrir nuevos espacios de participación para quienes no la han tenido.
Este propósito de la participación política se desarrolla a través de nueve elementos.
1. Los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política
Todo el movimiento social en Colombia, de lucha sindical, obrera, popular, indígena, de reivindicación de los derechos afro, etc., en termino general, son movimientos de oposición. La mayoría de las veces el Estado les ha cerrado la puerta como oposición, por ello es importante resaltar en el acuerdo, que el derecho y la garantía de la oposición están planteadas, en referencia a los partidos políticos que se declaren en oposición, no sólo a un período de gobierno, sino al Establecimiento, y que se garantice la oposición de los movimientos sociales y a la reivindicación política.
En el acuerdo dice que para lograr esto, el gobierno se ha comprometido a crear un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política; este sistema de seguridad intenta que las nuevas expresiones políticas que surjan de esta negociación, es decir, los partidos políticos que se originen después de ella o a partir de ella, como el movimiento social, puedan tener garantizada la realización de la oposición.
Este sistema de seguridad debe tener 4 elementos: 1)Adecuación normativa o institucional, 2) Prevención (crear sistema de alertas tempranas), 3)Protección especializada, y 4) Evaluación y seguimiento a este proceso.
2. Reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones y movimientos sociales
A este elemento no se le ha dado la difusión que corresponde y nos toca de manera directa a los que estamos vinculados a la acción reivindicativa y por eso se habla de la garantía a la movilización y la protesta. No teníamos que haber esperado 50 años de guerra para que nos garanticen la protesta, pero ya que estamos en un acuerdo, debemos hacer que a partir de ello, pueda establecerse bajo ese nuevo sistema de seguridad dicha garantía.
3. Consejo nacional para la reconciliación y la convivencia
Se debe crear un consejo integrado por el gobierno, ministerio público, los partidos políticos y los movimientos sociales, con la intención de entrar en un proceso de reconciliación.
4. Garantizar la veeduría y control por parte de los ciudadanos
Esta veeduría no es solamente para la implementación de los acuerdos, sino para el desarrollo continuo de labor política del Estado .
5. Desligar la dependencia de la personería jurídica de los partidos políticos respecto al umbral electoral
En el acuerdo se establece que el gobierno lo hará mediante el impulso de una reforma política.
6. La distribución más equitativa de los recursos para que los partidos puedan participar
7. La promoción de una mayor participación electoral
Cada elección se caracteriza por la poca participación ciudadana, con lo cual la abstención incrementa el descontento, la indiferencia y la ilegitimidad del Estado, por ello se requiere que se generen condiciones que superen esta práctica abstencionista.
8. Transparencia en los procesos electorales
Tras la firma del acuerdo, se creara una misión electoral especial, que funcionará por seis meses para dar recomendación al gobierno de la transformación del sistema electoral.
9. Se creará unas circunscripciones territoriales de paz
Se crearán estas circunscripciones electorales para que se puedan elegir representantes a la cámara de manera temporal en territorios donde hay una marcada expresión del conflicto armado.
El acuerdo no dice cuáles y cuántas son estas circunscripciones especiales, tan sólo se definirán al final del proceso de diálogo de paz. Por lo tanto, en el acuerdo no se está hablando de participación directa de los guerrilleros a la Cámara, sino que será mediante estas circunscripciones especiales que estarán definidas, para que los candidatos a la participación como posibles representantes a la cámara, sean personas miembro de esos territorios definidos en el acuerdo.
A partir de lo que dice el acuerdo, miraremos ahora las implicaciones que tiene en regiones como el Pacífico. Esto me lleva a hacer la reflexión condensada en los siguientes puntos.
1- ¿Por qué es tan importante la participación política?
En la historia del país la política ha sido uno de los factores de guerra, o uno de los factores del conflicto, que se expresa en cuatro maneras.
- La política es excluyente y ha generado una monopolización del ejercicio del poder y en todas las etapas que llamamos República de Colombia, ha hecho que el tratar de acceder al ejercicio del poder, sea uno de los factores que ha conducido a la exclusión. Ejemplo: el Frente Nacional, el exterminio y el genocidio de la Unión Patriótica, etc.
- La política ha sido factor de conflicto, porque el poder está al servicio de las elites económicas. Desde las condiciones de la región Pacífica, no se necesita aportar muchos datos para percatarnos de esta situación.
- Lo público se ha vuelto bien privado y no solamente porque los que están en el poder hacen de lo público algo privado, sino porque está en la conciencia de los ciudadanos. Cada uno de nosotros deberíamos pensar cómo estamos posicionados frente a lo público para reflexionar sobre, ¿qué es el Estado? ¿Qué pensamos del Estado? ¿Cómo cada uno se posiciona frente a eso? ¿Cuál es el nivel de apropiación que tenemos de un bien público? Hay unas carencias de esa apropiación, lo que hace que se complejicen cuando quienes están ejerciendo el control del poder la vuelven prácticas de corrupción. Debemos llevar la reflexión hacia cómo pensar lo público desde lo público y dejar la mentalidad de que al Estado hay que quitarle todo lo que más se pueda. ¿Y quién es el buen político? El que sea más vivo, es decir, quien saca provecho personal de los bienes públicos.
- La práctica electoral ha transformado el concepto de ciudadano por el concepto de cliente. No tenemos conciencia de ciudadanía, porque la conciencia de ciudadanía en el discurso formal de la democracia, nos lleva a hacer sujetos de derechos y sujetos de deberes. No, en Colombia no somos ciudadanos sino clientes. Muchos alcaldes y gobernadores no tienen conciencia de pertenencia al Estado, pues responsabilizan al Estado de los problemas estructurales, pero resulta que ellos son los representantes del Estado.
2- La política se ha vuelto factor de guerra.
Por ser excluyente, la política es entonces un escenario de intolerancia. Frente a esto, el acuerdo pretende ampliar la democracia. ¿Cómo hacemos en la región Pacífica para ampliar la democracia? ¿Cómo nos apropiamos de ese acuerdo?
El acuerdo está hablando es de cómo se moviliza la ciudadanía y se le garantiza la protesta como derecho. Frente a esto, en la región se vienen haciendo ejercicios de participación, pero no se han dimensionado lo que ellos son, es decir, como ejercicio de poder. Tenemos que proponernos mirar el poder como una posibilidad real de actuación de la ciudadanía. Si no tenemos una transformación de lo que es la política y el ejercicio del poder, todas las prácticas que se hacen en todos los territorios indígenas, afros y centros urbanos de la región no van hacer acumulativos.
¿Cómo podemos reinterpretar los aportes que hacemos desde hace años en la región Pacífica como construcción de ejercicio del poder?
– En primer lugar, la política se puede volver a la inversa un factor de inclusión.
– Las luchas indígenas y afrocolombianas siempre han buscado la inclusión en el Estado y su reconocimiento.
Se pretende que el ejercicio del poder se vuelva incluyente, porque estamos construyendo territorialidad, eso es lo que caracteriza en término general a la región, tanto el proceso afro como indígena y los campesinos del lugar llamados mestizos.
La construcción de la territorialidad se está haciendo desde la perspectiva de la construcción de autonomías, el ejercicio de autonomía territorial que reclaman los pueblos indígenas y que avanza en la población afro, a través de los territorios colectivos. Esto nos da una clave interesante: no pensar solamente que nos incluyan en lo que ya existe como sistema político, sino en repensar la forma en cómo se reconstruye el Estado, lo cual no lo toca el acuerdo, pues no toca ni la más mínima posibilidad de repensar la estructura del Estado.
Sin embargo, el ejercicio político que se viene haciendo en la región es desde la perspectiva de repensar el Estado desde un reordenamiento territorial. Se ha establecido en la Constitución del 91, de crear Entidades Territoriales Indígenas, ETI, pero en 24 años no hemos avanzado ni un párrafo en la formulación de un proyecto de ley concreto. Lo mismo podría decirse de crear unas posibles Entidades Territoriales Afrocolombianas, ETA, que den un marco de cómo reconstruir el proyecto de Estado.
Y, finalmente, sobre esa nueva política como construcción de territorialidad tenemos que decirle al Presidente Santos que estamos de acuerdo en la territorialidad de paz que plantean, pero, ¿de cuál territorialidad es que estamos hablando? Necesitamos que esa territorialidad sea en la cual los derechos de los pueblos del Pacífico sean para el Pacífico y no como proyecto para foráneos, como es el caso de Buenaventura.
En conclusión, que esa territorialidad que hemos impulsado durante tantos años, sea la territorialidad de paz, siempre y cuando transformemos nuestra conciencia de ciudadanía y convencernos de que lo que estamos haciendo es un aporte no sólo a la participación de lo que hay, sino cómo repensar la estructura del Estado para que garantice efectivamente esa participación.
* Doctor en antropología, miembro de la Coordinación Regional del Pacífico y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.