El Observatorio Pacífico y Territorio ha entrevistado (*) a un dirigente del Pacífico sur sobre la presencia de las retroexcavadoras en su territorio y los impactos producidos al medio ambiente y a las comunidades. Dicen No a la minería, pero hasta ahora han podido más las amenazas y las armas. Sólo en el río Timbiquí hay 105 retroexcavadoras. Nosotros nos preguntamos: ¿Quién les ha otorgado permisos? ¿Por dónde entran? ¿Qué pasa con los controles militares? ¿Cuál es el papel de las alcaldías?
OPT= Observatorio Pacífico y Territorio de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
HR = Héctor Robledo[1], líder comunitario caucano
OPT:¿Cuál es el principal problema que tienen ustedes en sus consejos comunitarios?
HR: El problema hoy en la costa Pacífica y en todos los consejos comunitarios es netamente la minería que está afectando todo el territorio; pero no sólo esto: está afectando también a los líderes, que ya no pueden hablar; no se puede decir nada, porque uno resulta amenazado, tildado. Eso es preocupante.
La gente debe entender cuál es el daño que nos hacen las retroexcavadoras dentro de los consejos comunitarios, porque allí es donde están ubicados los problemas: en las veredas y en los consejos comunitarios. Ellos son los afectados, y por eso hoy quieren que las cosas mejoren. La cosa no es que los representantes legales entendamos, o que la junta del consejo entienda, sino que todas las comunidades entiendan el mensaje, de por qué no queremos que entren las retros y el daño que hacen a nuestro territorio.
OPT: ¿Cómo está la situación del territorio en el caso del litoral de Cauca?
HR: El territorio del Consejo Comunitario San Bernardo Patía Norte, por ejemplo, ha estado amenazado, las retroexcavadoras entraron dos veces. Y estamos seguros de que van a intentar entrar más. Hemos hecho documentaciones y denuncias a los ministerios, pero sin respuesta ninguna. Frente a eso uno se siente débil; uno escribe a los que tienen que velar por nuestros derechos, para que la situación mejore y los funcionarios no hacen nada; el Gobierno no está haciendo nada para que esto mejore. Incluso, están permitiendo que esto empeore, dando licencias ambientales, tramitando títulos mineros, con el resultado de que nosotros, las comunidades que estamos habitando estos territorios, hoy estamos en riesgo, cada día somos más vulnerables ante el Estado.
OPT: En el municipio de Timbiquí, ¿cuántas retroexcavadoras hay aproximadamente?
HR: En el río Timbiquí – entraron aproximadamente 105 retros. Y hoy en Santa Rosa, Consejo Comunitario del Sur de Saija, hay como 35 en el momento (noviembre de 2014). Son ellas las mismas, que cuando ya no tengan allá de qué sostenerse, se van a meter en los otros consejos comunitarios. Es el riesgo permanente que afecta todo el territorio.
OPT: ¿Cuál es la postura de la junta de su Consejo Comunitario frente a la minería?
HR: La postura del Consejo Comunitario ante la minería es NO; a la minería legal e ilegal decimos NO.
OPT: ¿Hay ese consenso en todo el Consejo Comunitario?
HR: Pues es evidente que dentro del Consejo hay gente que quiere que entren las retros, otros no lo quieren, pero la mitad más uno queremos que no. En el caso del Consejo Comunitario San Bernardo Patía Norte hay dos comunidades que quieren que entren, pero hay tres que no quieren. Pienso, claro, son cinco, pero hay tres que no quieren, entonces no. Sin embargo, es de estas situaciones de división entre los consejos comunitarios que se aprovechan los dueños de las retroexcavadoras y los grupos armados y hasta los funcionarios del municipio.
OPT: ¿Qué tipo de afectaciones ambientales y sociales ven en sus territorios?
HR: Hoy sabemos de los daños que causa el mercurio y el cianuro, cosa que siempre hemos denunciado. Agradecemos a ustedes habernos mostrado esos videos donde se ven claramente estas afectaciones. Hemos hablado con el Ministerio de Energía y Minas, y ellos tienen que tocarse, ¿en qué sentido? En el sentido de que las licencias que están otorgando generan perjuicio a las comunidades, a la gente. Porque el mercurio no sólo afecta inicialmente al cuerpo humano; también afecta a los peces y los peces afectan a la gente.
¿Por qué no comer pescado, por ejemplo, si es parte de nuestra alimentación? ¿Por qué no comerlo, por qué no comer la piangua, por qué no comer también la sabaleta del río, el bocachico y todos esos diferentes tipos de pescado que tenemos en el río? La respuesta es porque las aguas del río están contaminadas. La pregunta es: ¿De qué nos alimentaremos nosotros en el futuro? Me preocupa que en el futuro no tengamos de qué alimentarnos. Si hoy nos estamos dando cuenta de la magnitud de la problemática que causa la minería, sobre todo en cuanto a la contaminación por el mercurio, en el futuro será mucho peor. Acá lo que se está pensando es que si seguimos así, si el Estado no le mete mano a esta cosa y no para esta situación de retroexcavadoras, no va a haber humanidad en la costa Pacífica, porque todos nos vamos a ver afectados por el mercurio. Es justamente por ello que no queremos que las retros entren.
Y ni hablar de la parte social que está fracturada. A nivel escolar vemos consecuencias también, porque los niños, los jóvenes, en vez de estudiar, lo que hacen es salirse para trabajar la minería, la consideran una alternativa para vivir. Es lo que queremos contrarrestar.
OPT: ¿Hay alternativas para las comunidades diferentes a la minería mecanizada?
HR: Lo que nosotros pensamos en el interior del Consejo es que cualquier minería es ilegal. La minería mecanizada no es nuestra. Es como el cultivo de uso ilícito: nos han impuesto esa cosa, nos han traído eso, por lo tanto no lo queremos en nuestros territorios, no lo aceptamos, genera más dificultades que soluciones. La posición que tenemos es: no a la minería ¿Qué debería hacer el Estado? Pues, en vez de hablar de minería debería llamar a las juntas directivas de los consejos comunitarios y mirar conjuntamente qué solución podemos tomar como alternativas a la minería. ¿Por qué no hablar de proyectos productivos y de su mercadeo y transformación de nuestros productos? Lo que estamos pidiendo exactamente es que el Estado mire, mire a los consejos, pero con proyectos productivos, no con proyectos de minería. Para ello tenemos que buscar espacios de conversación con las comunidades para llegar a mayores acuerdos, que estemos en la misma línea de discurso. De esta manera haremos que el Estado nos escuche, que entienda nuestro punto de vista de acá.
OPT: Frente a lo que está pasando en el territorio, ¿cuáles son las responsabilidades de los líderes?
HR: Entre otras cosas cuando uno se compromete, o sea, cuando la comunidad lo compromete a uno, lo elige para ser representante legal de un territorio, es una cosa inmensa, grandísima. Nosotros estamos con más compromisos que el mismo presidente de la República: en Bogotá no hay problemas de minería, así tan grandes como están acá en el momento: en la gobernación del Cauca tampoco, el gobernador no tiene ese problema. Nosotros que estamos acá tenemos un compromiso inmenso: ¡que no entren las retroexcavadoras! Es un compromiso de defensa del territorio, pero también legal. Estamos hablando de que nosotros nos comprometemos a preservar, a cuidar el territorio, y con esto no nos podríamos comprometer a otras cosas. Hay cosas ocultas aquí, gente con que uno no podría hablar, por eso hay muchas amenazas. Yo estoy amenazado por esto, por estar defendiendo estos principios, que el Estado hoy no le está parando bolas.
OPT: ¿Usted está amenazado por su postura frente a la minería?
HR: Positivo. Y para contarte, que no es solamente hoy. Yo vengo amenazado desde el 2002, cuando empezó la situación de los cultivos de uso ilícito, ahí empezó mi primera amenaza. Yo he resistido mucho acá. En el 2011 tuve otro problema de amenaza y de desplazamiento. El 8 de junio, elevamos un documento público a todas las instituciones, al mismo presidente, al Ministro de Energía, al Ministerio del Medio Ambiente, a obispos, a toda esa gente que ha estado metida en ese proceso y eso me trajo mi última amenaza. Estoy amenazado, el Estado no está parándole bolas a eso. Entonces, uno, a pesar de que quiere seguir en el territorio, quiere seguir aportando con conocimientos, haciendo luchas, haciendo un sacrificio para que esto no se deteriore, tampoco puede ser carne de cañón. Nosotros no podemos seguir enfrentando solos a la gente que impulsa la minería como supuesto desarrollo. Las retroexcavadoras no son desarrollo, porque lo que trae es puro deterioro ambiental y humanitario.
OPT: ¿Cuáles son sus expectativas frente al Proceso de Paz?
HR: Lo de la Paz es complicado. En el territorio no hay paz, mientras no todos estemos tranquilos, en el sentido de la supervivencia. ¿Cómo va uno a vivir en paz, si otros están en condiciones que no les permite vivir dignamente? Entonces, no podría existir esta paz con justicia social. Sin embargo, quiero creer que la Paz se va a dar, a pesar de que entendemos que toda esa gente que está hoy en el proceso de Paz, está buscando espacios en el territorio. Eso ya no preocupa allá en las ciudades, donde nos preocupa es en la costa Pacífica, donde hay tierra. Entonces ellos se van a querer venir para acá…
Ojalá este diálogo sea por el bien de los consejos comunitarios. Porque somos nosotros que hoy en día estamos sufriendo el flagelo de las amenazas y la violencia: las retros nos invaden, acá las FARC se mete con los líderes y mientras ellos están armados, nosotros estamos desarmados. La única arma que a nosotros se nos ha dado es la Asamblea General, es el diálogo. Si no nos permiten hablar, entonces tendríamos que buscar otras formas para no callar, para denunciar y para exigir. Nuestros líderes y las lideresas puedan hablar, sin dificultades. La situación de un país libre es donde todos se pueden expresar, estas son las esperanzas.
(*) La entrevista se hizo en el marco del “Foro sobre afectaciones de la minería mecanizada en los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí” que se llevó a cabo el 25 y 26 de noviembre de 2014 en Guapi, organizado por la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano.
[1] El nombre del dirigente fue cambiado por cuestiones de seguridad, ya que ha recibido constantes amenazas.