Si bien la niñez continúa siendo la preocupación de los gobernantes de turno, los presupuestos que se asignan, en su mayor parte, se esfuman en los laberintos de la corrupción. La Capital de la República no se salva de semejante adefesio, puesto que según reportes de última hora, para adjudicar el contrato de refrigerios en escuelas del Distrito por la suma de $500.000, se presenta una rebatiña entre los pulpos de hace más de 10 años, que se creen dueños de estos contratos y se los hacen adjudicar a punta de comodines y componendas.
Por actos de corrupción, es que las alarmas sobre morbilidad y mortalidad infantil en Colombia permanecen prendidas, pero, Chocó y Guajira, son casos excepcionales y desesperantes por culpa de pillos y ladrones de cuello blanco incrustados en la administración pública, que se hacen adjudicar los contratos, con la única intención de esquilmar al Estado.
No se justifica que la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano, Fungescol, con su sede principal en Turbo- Antioquia, haya firmado con la Gobernación de Chocó, contrato por: $4.864 millones de pesos, con el objeto de implementar el programa de alimentación escolar a los niños de las escuelas en los municipios de: Unguía, Tadó, el Palmar, Medio San Juan, Medio Baudó, Novita, Istmina, Yuto y Sipi, y a la postre resulte enviando alimentos que no son consumibles bajo ningún punto de vista, puesto que llegaron a su destino con alto grado de descomposición.
Por todos estos actos de corrupción, son miles los niños en Colombia que se encuentran amenazados de morir por desnutrición y de física hambre; si el Gobierno no adopta con urgencia los correctivos necesarios, el abandono en que se encuentran seguirá cobrando más vidas.
La Fiscalía cuanto antes debe asumir sin pérdida de tiempo investigación exhaustiva, con el fin de dar con los responsables de todos estos ilícitos, máxime cuando se está poniendo en peligro la vida de miles de adolescentes, que no tienen la culpa que sean los mayores en cabeza del gobierno, los responsables de su angustiosa situación.
Lamentablemente en muchos casos se asignan los presupuestos pero – como en el que nos ocupa-, son dilapidados por funcionarios corruptos que se los enmochilan sin importarles la situación que se vive en los alrededores de sus jurisdicciones, son cientos los casos denunciados, pero, la morosidad de las investigaciones impide tomar decisiones oportunas.
Colombia registra una de las tasas más altas de desnutrición, donde los niños resultan ser el mayor número de afectados, lamentablemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no cuenta con una infraestructura continua y permanente que le permita hacer frente a tan angustiosa situación, se ha hecho seguimiento a otros casos en diferentes regiones como en el caso de Tumaco, Buenaventura y varios corregimientos y municipios de la Costa Pacífica y Caribe, a donde los auxilios del Gobierno siempre llegan tardíos, o en la mayoría de las veces son la piñata de funcionarios corruptos.
Un Pueblo que ve morir a sus niños ante la indiferencia oficial, es porque ha perdido el sentido de sensibilidad social y está camino a la deshumanización, por eso, antes que todo y entre todos debemos identificar las entidades y funcionarios corruptos que se han adueñado de los recursos asignados por el Gobierno Central.
Según la Escuela Nacional de Demografía y Salud, ENDS, en Colombia el 13% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica; por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que de cada cien niños menores de 5 años, 12 presentan problemas de desnutrición y un tres por ciento retraso severo.
En Colombia -sin contar los departamentos, críticos -, mueren en promedio 4 niños diarios por casos de desnutrición, y por cada cien mil habitantes se registran 21 muertes, dentro de las áreas urbanas, especialmente de población desplazada.
No obstante, las continúas denuncias, sobre la situación angustiosa en que viven los niños en diferentes departamentos, hay dos en los cuales la situación es tan crítica que se asemeja a los países Africanos donde los niños mueren por hambre y desnutrición ante la indiferencia del Estado.
El caso de la Guajira: lamentablemente las comunidades viven dispersas y no existen buenos medios de comunicación para llegar a ellas, sin embargo, ya es tiempo para que las autoridades tengan un censo confiable sobre la población infantil vulnerable en los diferentes municipios y organizaciones indígenas, estableciendo el grado de morbilidad que padecen con el fin de que se adopten los correctivos necesarios para prestarles la atención requerida.
Según reportes autorizados, en los actuales momentos, en un solo Barrio, existen más de cien niños en estado crítico de desnutrición en último grado, de no prestárseles la atención requerida puede agravarse la situación con grados de mortalidad, los organismos encargados de prestar atención se están quedando cortos por falta de los recursos del Estado para atender las más apremiantes necesidades.
El caso más crítico de la mortandad infantil en la Guajira, se está presentando en Ranchería, donde según investigaciones realizadas: se comprobó que el número de víctimas por desnutrición en los últimos cinco años se acerca a los 5.000, de las comunidades Wayuus, donde la muerte de los niños es por física hambre, estas muertes se volvieron un fenómeno tan común en las comunidades que ya los padres no las reportan.
¿Será que es necesario acudir a organizaciones internacionales, para que salven la vida de miles de niños en Colombia, toda vez que el Estado está siendo ineficiente ante semejante drama?
Si bien el caso del Chocó se ha denunciado varias veces, las autoridades parece que no han tomado las determinaciones correspondientes, para llevar los responsables a la cárcel, puesto que este tipo de delincuentes, si son un verdadero peligro para la sociedad.
por URIEL ORTIZ SOTO