Esta semana, la Autoridad Nacional Afrocolombiana o Anafro que reúne 109 representantes de todo el país, entutelaráel Plan Nacional de Desarrollo. La violación de dos derechos sustenta su acción: el plan no fue consultado con ellos, a pesar de que esta es una obligación constitucional e internacional que tiene el gobierno. Además, se vulneró su derecho a la igualdad: con los indígenas y los gitanos sí hubo proceso de consulta previa y acuerdos. Y la consecuencia es una propuesta de Plan que no solo no contempla soluciones a las difíciles situaciones que vive el pueblo afro, como las de discriminación y de desplazamiento, sino que, al parecer de las organizaciones negras, las profundiza.
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Aunque pasó la bonanza y ya no puede actuar como “locomotora”, el gobierno le sigue apostando a la gran minería. Por eso ofrece nuevos incentivos, mientras le hace conejo a la Corte Constitucional y desoye las voces de las regiones y las comunidades
21 de marzo se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado en 1965 en memoria la masacre de más de sesenta personas negras durante una manifestación contra el Apartheid[1] en la ciudad de Shaperville, Sudáfrica.
El 30 de marzo de 2014 las autoridades tradicionales de los 6 cabildos Inga y Kamentsá del Valle de Sibundoy le dijeron NO a las pretenciones de explotación minera de la empresa Anglo American y de cualquier otra transnacional de destrucción