El 01 de mayo de 2014, siendo las 2:00 de la madrugada recibo una llamada a mi teléfono celular, dando aviso de que habían más de 40 personas sepultadas por una alud de tierra en una mina de oro, de la vereda San Antonio Jurisdicción del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero, municipio de Santander de Quilichao, este hecho despertó sentimientos de impotencia, desconsertación, porque parecía que los pronunciamientos que se habían realizado 48 horas antes en la audiencia minera se los había llevado el viento, y que la incidencia de las comunidades afro e interétnicas de la región ante el gobierno eran nulas.
Han pasado 365 días que sucedió el accidente, en esos mismos días empezaron las reuniones con el gobierno nacional para darle curso a la erradicación de minería ilegal en el norte del Cauca, y brindar una respuesta inmediata a las familias víctimas, así como alternativas diferentes de producción a las personas barequeras.
Después de más de 20 reuniones continuas entre la mesa del punto cero, la mesa de minería y la mesa de medidas de protección a líderes y lideresas que se realizaron entre mayo y junio de 2014, solo ha quedado: las expectativas creadas a las familias víctimas de la minería ilegal, que carcome a las comunidades, han aumentado las amenazas, los desplazamientos de líderes y lideresas, un territorio desbastado que ahora hay más personas arriesgándose por un gramo de oro en los famosos cúbicos, la devastación y minería a cielo abierto en otras 5 cuencas (Rio Palo, Teta, Mazamorrero, Ovejas y Timba).
Entre noviembre de 2013 y diciembre de 2014 se han firmado más de 15 actas de acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca, en busca de erradicar la minería ilegal, revisión de títulos mineros otorgados sin consulta previa, pero por otro lado acuerdos para fortalecer la minería ancestral de las comunidades afrocolombianas, implementar el auto 005, compra y titulación de predios, protección de la vida, el territorio ancestral de las comunidades afrocolombianas, entre otros; a pesar de que estos acuerdos fueron acompañados por garantes así como reafirmados con marcha de más de 130 mujeres que caminaron hasta Bogotá, solo se han quedado unas páginas firmadas sin trascender en acciones concretas a favor de las comunidades que hacen parte de este Estado social de derecho.
Aunque la corte constitucional ha generado jurisprudencia para la protección de derechos fundamentales de la población afrocolombian, el gobierno continua sin cumplir las órdenes de los diferentes autos y menos en cumplir la ley 21 que encarna el convenio 169 de la OIT.
En cambio al cumplimiento del convenio y la jurisprudencia a favor de las comunidades afrocolombianas lo que seguimos padeciendo es El “arrinconamiento” de los grupos étnicos asediados por la guerra en una lucha por el control sobre sus territorios, recursos naturales, bienes y servicios ambientales salvaguardados desde sus culturas tradicionales por más de 150 años.
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a los garantes de los acuerdos el apoyo que se ha tenido hasta el momento y solicitarles que se sigan estableciendo estrategias que fortalezcan su gestión e incidencia en las instituciones del Estado para que sea más eficiente.
A la contraloría y a la procuraduría solicitar que juegue un papel de garante ante estos acuerdos firmados en favor de la comunidad.
A las comunidades afrocolombianas de este territorio ancestral que hemos heredado de nuestros ancestros que lo conquistaron con sangre y mucho trabajo, decirles que debemos seguir uniendo fuerzas para la protección de la vida, el territorio y seguir resistiendo, insistiendo e incidiendo para el cumplimiento de los derechos étnicos territoriales ganados hasta el momento.
Al gobierno nacional el mensaje es que las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca, seguimos atentas a poder avanzar en los compromisos por la protección de la vida y el territorio ancestral afrocolombiano, hecho que hemos demostrado en la construcción y presentación de las rutas pensadas desde la comunidad para avanzar en el cumplimiento de los compromisos.
Sin más,
Víctor Hugo Moreno Mina
Rep. Legal A
http://www.renacientes.org/index.php/pcn