Ante esta situación, la comunidad expresa que ya está cansada de ser víctimas y más víctimas de todo el accionar del Estado a través de la fuerza pública y también de los guerrilleros que operan la zona. Esta vez manifiestan que no se desplazarán ni se moverán del lugar así vengan a sacar del lugar mediante empleo de fuerzas para desalojar; por el contrario, solicitan a la institucionalidad chocoana a que se les ayude a buscar la salida a esta situación tan preocupante, por eso solicitan que la Gobernación del Chocó en asocio con la Defensoría del Pueblo Regional Chocó, convoquen de manera urgente e inmediata a una reunión interinstitucional a realizarse en esta comunidad.
Municipio de El Carmen de Atrato-comunidad Indígena El Fiera, 20 al 21 de agosto de 2014
Objetivo: Dialogar con la comunidad sobre un posible proceso de desalojo forzado producto de una orden judicial por invasión de tierra ajena.
Desarrollo:
En esta oportunidad quise conocer de cerca los motivos por el cual la comunidad indígena de El Fiera se encuentra ubicada en el filo de una montaña de un punto conocido como la Santana y del porque se están queriendo desalojar de ese lugar, y para ello me basé de un dialogo con la comunidad en donde de manera detallada contaron un poco de su historia para llegar al punto del desalojo forzado que posiblemente está en curso, se les dio un tiempo prudente a la comunidad para que ellos expresaran todas sus inquietudes. Por eso, todo lo plasmado en este informe son palabras tal cual como los indígenas (hombre y mujeres) de esta comunidad expresaron, producto de este diálogo pude recoger la siguiente información:
“En el año 1997, las familias y habitantes que hoy conformamos la comunidad indígena del Fiera, ocupamos tierras baldías de la nación en la vereda los Wangarales del municipio de El Carmen de Atrato, un lugar que desde la cabecera municipal distaba de 6 a 7 horas de camino aproximadamente. Allí construimos nuestras casas, sembramos plátano, maíz, yuca y otros productos propias de la región; con el tiempo fuimos consiguiendo cerdos, ganados y pollos. Allí vivíamos sin ninguna dificultad, pues alimentos no nos hacía falta porque la tierra era fértil y pegaba toda clase de cultivos, además porque en esa selva se conseguía de todo, peces y animales de monte. Y fue así como empezamos a solicitar al INCODER nacional la constitución en resguardo indígenas las tierras baldíos ocupados por nosotros.
Desde entonces nuestras familias y la población se fue multiplicando y vivíamos contentos, hasta que un día cualquiera llegaron un grupo fuertemente armados y eran del frente 34 de las FARC, quienes empezaron a presionar a nosotros para que ingresáramos a su fila como colaboradores o auxiliadores y también hacían campaña para reclutar a nuestros jóvenes y como hicimos caso omisos a todos sus pretensiones por eso empezaron a amenazar a nuestros líderes, y más adelante, es decir, el 4 de septiembre de 2004, ante la fuerte presión de las FARC tuvimos que desplazar a un lugar conocido como los Robles, una vereda que queda cerca de la cabecera municipal. De este desplazamiento se hizo una denuncia y declaración de manera masiva ante la personería de El Carmen de Atrato e inclusive nos asignaron un código.
Ante la condición infrahumana a la que afrontamos como desplazados y ante la poca respuesta de la institucionalidad chocoana para avanzar en el proceso de retorno de nuestra comunidad, en el año 2005, con recursos propios compramos un lote en el punto conocido como el Salado en la vereda Las Mirlas del municipio de El Carmen de Atrato, un lugar que tiene una distancia de aproximadamente 4 a 5 horas de camino desde la carretera central que de Quibdó conduce a Medellín.
El 11 de octubre del mismo año, gracias al acompañamiento de la alcaldía y la personería de El Carmen de Atrato de ese entonces, de CODECHOCÓ, de la Diócesis de Quibdó y la ASOREWA, reubicamos en este nuevo sitio; empezamos entonces nuevamente a construir nuestras viviendas, a sembrar cultivos de pancoger, y comprar animales como ganado, cerdo, pollos, la tierra era bastante fértil y productiva y por eso vivíamos contentos a pesar de la distancia.
Para el colmo de males, el 3 de abril de 2008, en la comunidad recién construida, nuevamente aparecieron guerrilleros del frente 34 de las FARC, este día en la madrugada tropas del ejército del Batallón Alfonso Manosalva Flórez, hicieron una emboscada al grupo guerrillero y sostuvieron enfrentamiento dentro de la comunidad dando de baja a dos de los guerrilleros al pie de esta. Durante todo el día hicieron sobrevuelos de helicóptero del ejército nacional aterrizando en varias ocasiones dentro de la misma. El ejército no contento con eso, entraron atropellando físicamente a miembros de la comunidad entre ellos a una mujer en embarazo a quien en estado crítico se trasladó al hospital local de El Carmen de Atrato y allí la mujer perdió su bebe. De este hecho denunciamos ante la autoridad municipal y departamental y días después nos visitó el Comité Internacional de la Cruz Roja quien hizo la verificación del hecho.
Esta vez no nos desplazamos sino que resistimos en el territorio, pero días después del hecho nos ubicamos en otro punto llamado el Encanto en la misma vereda ya mencionada. Para la desdicha nuestra, esta vez ocupamos una tierra de muy poca productiva, tierra que en su mayor parte es estéril, los ríos sin peces y los montes sin animales de montes. De todas maneras nos radicamos en este punto.
La solicitud de constitución en reguardo indígena por parte nuestra continuó, esta vez cambió de lugar, pues ya no era en la vereda los Wangarales sino en la vereda Las Mirlas del mismo municipio. Hasta que el 12 de diciembre de 2006, por orden del INCODER nacional, vino una comisión de INCODER departamental quienes hicieron el levantamiento topográfico, estudio socio-cultural y ambiental como también la parte jurídica, entre otros y en esta fase de estudio se detectó que existían predios privados de colonos con quienes los delegados del INCODER hicieron un acercamiento para conocer su opinión al respecto y la respuesta de los propietarios fueron positivos en el sentido que expresaron su total conformidad para la constitución en resguardo indígena y que ello más adelante estarían dispuestos en venderlas a excepción del propietario de la finca la Santana quien en su momento no se pudo ubicar con su paradero.
Y gracias a esta visita realizada por el INCODER, se constituye en resguardo indígena El Fiera con tierras baldías, es decir, las tierras ocupadas por nosotros, mediante Acuerdo N. 224 de 26 de octubre de 2010 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, con 4.439 hectáreas. Una vez constituida en resguardo indígena, empezamos estudiar detenidamente la resolución e interpretamos que tanto la resolución como el mapa, rezan que se han constituido en tierras baldías.
En marzo de 2012, tomamos la decisión de reubicarnos al punto más cercano a la carretera y este lugar era el filo de una montaña y era allí donde estaba la tierra más fértiles y no por lo que allí hubiese mina de oro como muchos lo afirman, la mina se descubrió en el transcurso de la reubicación.
Estando ya la comunidad reubicada, llego el señor Julio Ramírez Vélez, quien es el actual administrador de la finca (mayordomo) y en esta visita dijo verbalmente: “este monte no le pertenece al propietario de la finca la Santana, el dueño se lo vendió a Proaves, si la comunidad quiere ubicarse aquí, que lo hagan sin perjudicar a las fuentes hídricas que alimenta la hacienda”. Hasta ahora hemos respetado las recomendaciones del administrador de la finca la Santana, por eso, no hemos tocado un solo centímetro de la propiedad privada, solo se ha utilizado el monte virgen para la siembra de cultivos de pan coger y construcción de viviendas.
A pesar de esto, el 15 de julio de 2013, por primera nos enteramos de una querella que interpuso el señor Julio Alberto Ramírez Vélez en contra de nuestra comunidad, alegando que hemos invadido y perturbado el bien inmueble de propiedad privada, contaminando las fuentes hídricas que alimenta la hacienda de la finca la Santana y explotando la mina de manera ilegal. Respecto a esto, la Inspectora local de Policía, mediante el auto N. 001 del 23 de julio de 2013, ordenó practicar las pruebas Diligencia de Inspección Ocular al inmueble con intervención de la Técnica Operativa para el día 8 de agosto de 2013, de esta orden no se conoció el resultado por parte de la comunidad en preciso momento.
El 28 de octubre de 2013, tuvimos conocimiento del pronunciamiento del procurador judicial ambiental y agrario de Chocó, quien solicita al alcalde municipal de El Carmen de Atrato, suspender la minería ilegal en este sitio.
El 25 de noviembre de 2013, el actual alcalde de El Carmen de Atrato, Alexander Echavarría Agudelo, respondió que ya se está cursando una querella en contra de nuestra comunidad para hacer respetar el derecho legítimo de la propiedad privada. El 26 de noviembre de 2013, notificó a nuestra comunidad sobre la prohibición de la minería ilegal y abandono inmediato de la finca la Santana.
Frente a esto, la Asociación de Cabildos Indígenas OREWA, mediante el oficio de 28 de noviembre del mismo año, solicitó a los intervinientes a favor del demandante, que el propietario ofertara la finca Santana ante el INCODER, para el saneamiento del resguardo, pero no hubo respuesta.
En febrero de 2014, conocimos la resolución N. 084, mediante la cual entre otros, se ordena el retiro de nuestra comunidad de este lugar en un término de 15 días a partir de la fecha de notificación y el gobernador se rehusó a firmar la resolución.
El 4 de marzo de 2014, interpusimos el recurso de apelación a la querella civil de policía y el alcalde de El Carmen de Atrato, en cabeza del señor Alexander Echavarría Agudelo, emitió la resolución 0245 de 9 de abril de 2014, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesta por nuestra comunidad, dejando en firme el fallo de la primera instancia sustentada en la resolución de N.0084 de del 17 de febrero de 2014.
En 23 de abril de 2014, interpusimos una acción de Tutela en contra de la Alcaldía y la Inspectora Local de Policía de El Carmen de Atrato, alegando la violación absoluta del debido proceso, derecho al trabajo y al mínimo vital.
El 25 de abril de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Atrato, mediante el Auto Interlocutorio N. 00140, admitió la acción de tutela que entre otras se ordenó la medida provisional a la Inspección de Policía Local de El Carmen de Atrato de abstenerse de desalojo a nuestra comunidad.
El 20 de junio de 2014, el Juzgado Primero del Circuito de Quibdó, en decisión de segunda instancia profirió la acción de tutela interpuesta por nuestra comunidad en contra del Alcalde y la Inspectora Local de Policía de El Carmen de Atrato, en la cual resuelve revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia 0006 del 9 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Atrato; y el numeral primero de la adición de la sentencia de fecha 12 de mayo de 2014; y como consecuencia decreta la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de acción de protección policiva.
Para finalizar, el 22 de agosto de 2014, se presentó una confrontación con la fuerza pública al parecer con la tropa del ejército del Batallón Nutibara de Andes- Antioquia, en donde la guardia indígena de esta comunidad detuvo a cinco miembros del ejército, entre ellos un Sargento.
Esa madrugada, nuestra guardia estaba haciendo la labor de seguridad alrededor de la comunidad, cuando de repente vieron cinco uniformados nada más, y cuando ellos vieron a nuestra guardia, trataron de salirse corriendo pero, lo que hicieron fue ubicarse en posición defensiva u ofensiva apuntando sus fusiles hacia nuestra guardia. La guardia indígena reaccionó de inmediato y detuvieron a los cinco integrantes del ejército. Lo extraño de esto, es que en la madrugada de este día, solo andaban eso cinco soldados incluidos un sargento quienes al parecer se dirigían hacia nuestra comunidad y no sabemos con qué finalidad. De inmediato informamos a la defensoría del Pueblo Regional Chocó, a la Personería y Alcaldía de El Carmen de Atrato y al coronel del Batallón Nutibara, quienes llegaron al caer la tarde a nuestra comunidad, a ellos la guardia indígena se les entrego los cinco retenidos en la comunidad con todo sus armamentos y equipajes. Cuando la comunidad procedió a entregar los retenidos, preguntamos al coronel que presenció en esta reunión y al teniente encargado del área de operación sobre qué misión realizaban esa madrugada esos cinco soldados, nos respondieron que: “desconocíamos de esto, pues en ningún momento había órdenes de hacer operaciones militares en ese lugar, además el ejército nunca está acostumbrado de hacer operaciones con un grupo muy reducido como este, a lo mejor haya sido una equivocación del sargento que comandaba en ese momento”, entonces nuestra pregunta es, ¿qué vinieron a hacer los cinco integrantes del ejercito a este lugar? A raíz de esto, la comunidad continua con miedo y zozobra por lo que también se están escuchando las amenazas de un posible desalojo forzado mediante empleo de fuerza antidisturbios o antimotines”.
Ante esta situación, la comunidad expresa que ya está cansada de ser víctimas y más víctimas de todo el accionar del Estado a través de la fuerza pública y también de los guerrilleros que operan la zona. Esta vez manifiestan que no se desplazarán ni se moverán del lugar así vengan a sacar del lugar mediante empleo de fuerzas para desalojar; por el contrario, solicitan a la institucionalidad chocoana a que se les ayude a buscar la salida a esta situación tan preocupante, por eso solicitan que la Gobernación del Chocó en asocio con la Defensoría del Pueblo Regional Chocó, convoquen de manera urgente e inmediata a una reunión interinstitucional a realizarse en esta comunidad.
Al escuchar las versiones de los miembros de la comunidad del Fiera, en particular me ha generado muchas preocupaciones y así mismo he expresado hacia la comunidad, por eso, tome la tarea de informar de esta situación a toda la institucionalidad chocoana como la Gobernación del Chocó, Alcaldía de El Carmen de Atrato, sobre todo a aquellas instituciones que tienen que ver con el tema de tierras como el INCODER nacional y departamental y las instituciones garantes de Derechos Humanos como la Defensoría del Pueblo Regional, a la Procuraduría, Personería Municipal de El Carmen de Atrato, organismos internacionales de Derechos Humanos, Diócesis de Quibdó y a la Asociación de Cabildos Indígenas OREWA, para que entre todos formemos una misión interinstitucional para sostener un diálogo con las autoridades indígenas de la zona en la comunidad dEl Fiera y he propuesto una fecha tentativa para el día 8 de septiembre de 2014
JORGE LUIS QUERÁGAMA CHECHÉ
Enlace Indígena en la Gobernación del Chocó