La congresista los acusa como comunidades “instrumentalizadas” por la guerrilla de las FARC.
La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) reafirman ante la opinión pública local, nacional, internacional, las entidades estatales y organismos no gubernamentales las posiciones de la organización y cómo afirmaciones irresponsables y sin fundamento ponen en riesgo a nuestra organización y sus líderes:
ASCOBA es una organización que surge en el marco de la reivindicación de los derechos étnicos, la historia de las comunidades, los derechos étnicos que existen para las comunidades negras y en la procura de buscar salidas políticas a la superación de los conflictos social y armado.
ASCOBA es una organización étnico – territorial autónoma que asocia a Consejos Comunitarios con propiedad colectiva y cooperativas del Bajo Atrato.
Somos organizaciones étnico – territoriales, víctimas del conflicto armado, que hemos resistido pacíficamente los embates de la violencia sociopolítica que aqueja al país. Muchos nos hemos desplazado forzadamente teniendo que retornar en la mayoría de los casos de manera voluntaria y sin acompañamiento del Estado, arriesgando nuestras vidas e integridad física.
COCOLATU es un Consejo Comunitario de comunidades negras, conformado desde el año 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde el año 2000, en el marco de un ejercicio reivindicatorio del derecho a la propiedad del territorio que ancestralmente ha venido ocupando.
Desde que surgieron nuestras organizaciones, siempre hemos promulgado y ejercido la autonomía comunitaria, hemos rechazado los métodos violentos y no comulgamos con ningún actor armado.
Siempre hemos denunciado los hechos o acciones de violencia ejercidas por todos los actores armados y estamos trabajando por la superación de los conflictos social y armado.
Nuestros territorios ancestrales han sido despojados violentamente, valiéndose de engaños y beneficiándose de las dinámicas de violencia propiciadas por el conflicto armado.
Durante años nuestros territorios han sido utilizados por empresarios y terratenientes para la instauración de macro proyectos económicos, especialmente banano, palma de aceite, ganadería y explotación forestal, sin que nos haya sido consultado y por obvias razones, sin que se busque un beneficio real para las comunidades.
Actualmente, nuestros territorios siguen en manos de empresarios y terratenientes, con presencia permanente de grupos guerrilleros y posdesmovilización que constantemente violentan nuestros derechos, afectan nuestra autonomía y gobernanza sobre nuestro territorio, amenazando nuestras vidas e integridad física e impidiendo nuestro desarrollo cultural y económico como pueblo tribal.
En el marco del decreto ley 4635 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras inició el proceso de caracterización de afectaciones territoriales, liderado técnicamente por el CINEP/PPP a petición nuestra, teniendo en cuenta que ha sido una de las pocas instituciones que nos ha acompañado de manera ininterrumpida por más de 20 años. El CINEP/PPP ha estado con nosotros en cada uno de los momentos más difíciles de nuestro proceso de resistencia en el territorio, razón por la cual goza de nuestra plena confianza y legitimidad en la subregión.
En tal sentido y obedeciendo a nuestra política organizativa y de autonomía de las comunidades negras y mestizas de la subregión del Bajo Atrato (Chocó), manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional que:
Rechazamos las acusaciones realizadas por el partido político Centro Democrático en cabeza de la representante María Fernanda Cabal, en debate de la Comisión Primera del Congreso de la Republica del día 29 de julio de 2015 y de la intervención realizada en plenaria del Senado del día 15 de septiembre de la misma anualidad, donde se nos acusa como comunidades “instrumentalizadas” por la guerrilla de las FARC.
Nuestros territorios colectivos han sido objeto de invasiones constantes por parte de campesinos víctimas y por empresarios que tienen intereses económicos sobre nuestro territorio.
Nuestro territorio, por ser étnico, goza de protecciones jurídicas y culturales. Una de ellas es la forma de organizarnos políticamente en él. Al respecto, el decreto 1745 de 1995 reglamentario de la ley 70 de 1993, establece que en estos territorios no pueden existir formas organizativas diferentes que los Consejos Comunitarios, por lo que cualquier otra forma de organización política dentro de nuestros territorio debe disolverse.
Como autoridades étnicas en nuestro territorio, tenemos la obligación y la autonomía para propiciar la integralidad territorial y cultural del espacio físico y espiritual que ancestralmente hemos venido ocupando y que nos ha sido reconocido en calidad de propiedad, por la Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de la OIT y la ley 70 de 1993.
Consideramos que análisis superfluos de la realidad territorial, como los propiciados por la Representante Cabal, sólo observan una parte del conflicto, invisibilizando y estigmatizando a organizaciones y poblaciones enteras por su posición y visión diferenciada de los mismos. Esta manera de leer el territorio y los conflictos está completamente en contravía de los principios democráticos que rige a esta República.
Por lo anterior, invitamos a la institucionalidad nacional, al Congreso de la República, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil, a motivar un debate serio y responsable, en donde el eje sean los derechos de las víctimas y de las comunidades en general, sustentado en argumentos y no en acusaciones someras que tienen su origen en concepciones ideológicas.
Solicitamos a todas las organizaciones negras, indígenas y mestizas del Pacífico su solidaridad y apoyo, rechazando estos comentarios insidiosos que colindan con la calumnia, así como el accionar y las intenciones de quienes los hacen.
SOLO LA AUTONOMÍA NOS HARÁ LIBRES. SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRO PROPIO DESTINO. APOYAMOS LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, PERO EXIGIMOS RESPETO A NUESTROS PROCESOS.
ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DEL BAJO ATRATO (ASCOBA)
CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU)