El pasado 14 de septiembre, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas y las Diócesis de Istmina – Tadó, Apartadó y Quibdó enviaron un informe sobre la situación de los derechos humanos en el departamento al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
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“Chocó sigue viviendo hoy una situación preocupante por las continuas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, escribieron.
Uno de los temas más evidentes en la crisis de DD.HH. en el departamento es la presencia de grupos armados ilegales como el Eln y Clan del Golfo. Esto implica que existen economías ilícitas que ocasionan extorsiones y tráfico de droga, además, se encuentran en los territorios, por causa de estas estructuras, minas antipersonales y otros problemas, como el reclutamiento a menores de edad, presiones a la comunidad, se manifiestan.
“(Estos grupos) programan arbitrariamente actividades deportivas y eventos culturales en los territorios y obstaculizan a las comunidades en la realización de sus labores tradicionales. En el presente año se han presentado varios desplazamientos forzados masivos, bloqueos económicos, ocupación de escuelas y casas comunitarias, intimidación, secuestros, confinamiento, asesinatos a líderes y amenazas, tal como lo han denunciado las organizaciones étnicoterritoriales, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, se lee en el informe.
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De acuerdo con las entidades locales, las Fuerzas Militares no son suficientes para contrarrestar el accionar de estos grupos.
Otro de los temas que preocupa a la población chocoana es el aumento en los homicidios en las zonas urbanas de Quibdó, Istmina, entre otras localidades. Esto se responde a la presencia de los grupos armados que imponen sus propias reglas en estos territorios.
“La situación de violencia urbana se agrava por el mal funcionamiento del sistema carcelario, caracterizado por el hacinamiento, la inoperancia de los mecanismos de resocialización y las acciones delictivas llevadas a cabo por algunos internos y por quienes pagan sus penas con la medida de casa por cárcel”, aseguran.
Además del tema de seguridad y orden público, los temas de alimentación y salud aquejan también a la población, siendo los niños, mujeres y ancianos los más afectados. “No hay una política gubernamental que favorezca la producción agrícola, a lo cual se suman las afectaciones a los cultivos de pancoger por el conflicto armado, las aspersiones aéreas y la minería ilegal (…) La calidad y la cantidad en la infraestructura hospitalaria siguen siendo absolutamente deficientes”.
Son 15 los menores de edad que han muerto en las pasadas tres semanas por la falta de una atención oportuna, situación derivada de un sistema de salud ineficiente.
Le suman a la problemática la “degradación ambiental” consecuencia de la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala de árboles y el inadecuado manejo de los sólidos por parte de la comunidad y las instituciones estatales.
Por último, exponen el conflicto de intereses en los modelos económicos propuestos por la comunidad que tienen un enfoque étnico y de desarrollo sostenible; mientras que el Gobierno apela por la extracción sin cumplir los acuerdos recogidos en la consulta previa.
Junto a los puntos que dejan a consideración de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para una pronta intervención, en el informe se leen las estrategias hechas por la sociedad civil como la visibilización de la situación a la Defensoría del Pueblo, que expidió la Resolución Defensorial 064 de 2014 con recomendaciones que no han sido implementadas; la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2014, en la que el Gobierno Nacional se comprometió, pero aún no ha cumplido; el enfoque étnico dentro de los acuerdos de La Habana; entre otras denuncias que no han causado efecto.
Por tal motivo, con este informe exigen el cumplimiento de los DD.HH. en Chocó, además de estrategias que vayan más allá de la reincorporación, que se mantenga una solución negociada al conflicto, al igual que se cumpla lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc y se reanude prontamente la mesa de diálogo con el Eln.