El 12 de mayo, helicópteros y aviones sobrevolaron entables mineros de López de Micay y Timbiquí. Bombardearon siete retroexcavadoras y dos planchones. Si bien, muchos Consejos Comunitarios están en contra de esta minería mecanizada, también condenan los hechos de fuerza de la policía, pues las retroexcavadoras entraron con el consentimiento de instituciones estatales (así fuera a través de corrupción).
La invasión minera es despiadada en la región de la costa Pacífica de Cauca, con efectos graves sobre la identidad y la cultura, al igual que la destrucción del territorio como espacio de vida. Pero el asunto debe ser tratado de forma concertada con las autoridades de los grupos étnicos. Para ello existe la figura de Consulta Previa.
Preocupa que el 12 de Marzo de 2015, un día después que el Gobierno decretara el cese de los bombardeos contra las Farc, empezó un sobrevuelo de helicópteros desde Guapi que se trasladaron a los municipios de López de Micay y Timbiquí. La gente al escuchar el movimiento aéreo, pensó que era relevo de soldados. Pero realmente eran “aviones” militares que iniciaron la destrucción y quema de retroexcavadoras y planchones de la Minería con maquinaria pesada.
El tratamiento militar se hizo en los territorios colectivos de los Consejos comunitarios de comunidades negras de Sanjoc, Mamuncia, Micay Arriba, San Bernardo Patía Norte, Parte alta sur del Saija, y Renacer negro.
El hecho de que la maquinaria pesada de las retroexcavadoras y planchones convirtieron en montones de piedra el suelo cultivable donde habitaba la vida de especies vegetales y animales, con la estruendosa descomposición social y rompimiento del tejido social; no es mérito suficiente para actuar sin el consentimiento de las autoridades étnicas. Es bueno que recordemos que las retroexcavadoras y los planchones, penetraron a los territorio de nuestra región del Pacífico de Cauca sin ningún tipo de control por parte del Estado en su conjunto, que fue comentado por un Convitero cuando dijo “parece que nadie viera la entrada de esos grandes aparatos, es que parece que los meten al bolsillo, y que cuando entran a nuestro territorio allí si se ven” (boletín 11 de noviembre de 2014).
Ahora cuando el daño está avanzado, el Gobierno actúa con la aplicación de un fuerte operativo militar helicotransportando soldados fuertemente armados y en ocasiones haciendo ráfagas sobre las áreas con población que está ejerciendo la actividad minera del barequeo. En esa jornada militar se quemaron 7 retroexcavadoras y 2 planchones reportados por los Consejos comunitarios de Sanjoc, Parte alta sur del Saija y Renacer negro. En el operativo también detuvieron a 5 personas en el Micay, igual también en Timbiquí detuvieron a una serie de personas.
Ante la desproporción de la fuerza pública, muchas y muchos trabajadores/as y barequeros/as mineras, comentan que “rodeamos con el cuerpo la zona de trabajo, que molestó a los militares, y entonces desde los helicópteros nos hacían ráfagas de disparos para que nos alejáramos”.
Nuestra gente se pregunta, por qué el Estado permitió el avance de la Maquinaria pesada en los territorios colectivos? y por qué ahora están quemando las maquinarias?, será que están limpiando la zona para la penetración de las multinacionales mineras a través de un ensayo militar de intimidación a la comunidad?
Como diría la autoridad del territorio colectivo en el consejo comunitario San Bernardo Patia Norte, “como Representante Legal presento mi inconformidad por los bombardeos que hizo el Gobierno nacional sin previo avisos a los propios dueños en el Consejo sur del rio Saija, y poniendo en riesgo la vida de sus moradores”.
Las autoridades locales étnicas representadas en los Convites locales, las Juntas Directivas y demás órganos de los Consejos Comunitarios de comunidades negras, están muy preocupados por esta nueva modalidad de violación de derechos. Es que nosotros somos grupo étnico, sujetos de derechos amparados en normas internacionales como el convenio 169 de la OIT, la Constitución nacional, la Ley 70/93 y demás normas, pero en especial por nuestra condición étnico – cultural, por consiguiente se nos tiene que aplicar la consulta previa, libre e informada frente a este tipo de acciones.
Por eso nuestros procesos organizativos exigen al Gobierno nacional el respeto a la vida, la cultura y la integridad de nuestra gente; y le invita a la realización de una reunión de carácter urgente para entablar un proceso de dialogo en torno a la actividad minera.
A la comunidad nacional e internacional les solicitamos su apoyo y total consideración frente a los acontecimientos y la gravedad de los hechos.
Estamos marginalizados, pero tampoco nos merecemos estar sometidos a una crisis humanitaria y desproporcionada, que afecta la tranquilidad y nuestro desarrollo cultural.
Guapi – costa Pacífica de Cauca, 14 de marzo de 2015
(AFECTACIONES AL TERRITORIO). COCOCAUCA.