Ahora cuando el gobierno colombiano y las Farc avanzan en la discusión de una agenda para la terminación del conflicto armado y teniendo como base que COCOMACIA es una organización comunitaria con más de 30 años de existencia en defensa de la vida, el territorio y sus recursos naturales y que cuenta con la propiedad de 800.000 hectáreas de tierras en la región del Medio Atrato, en donde habitan más de 39.000 personas, consideramos importante lo siguiente:
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
RESPECTO AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL GOBIERNO NACIONAL CON LAS FARC Y FRENTE A LA PAZ EN COLOMBIA
Quibdó, 18 de Febrero de 2015
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato COCOMACIA, siempre hemos considerado importante una salida dialogada para la superación del conflicto armado y la profundizada crisis humanitaria que vivimos la mayoría de los colombianos y colombianas.
Ahora cuando el gobierno colombiano y las Farc avanzan en la discusión de una agenda para la terminación del conflicto armado y teniendo como base que COCOMACIA es una organización comunitaria con más de 30 años de existencia en defensa de la vida, el territorio y sus recursos naturales y que cuenta con la propiedad de 800.000 hectáreas de tierras en la región del Medio Atrato, en donde habitan más de 39.000 personas, consideramos importante lo siguiente:
La propiedad colectiva de la tierra bajo la resolución 04566 de 1997, la ley 70 de 1993, el decreto 1745 de 1995 son herramientas legales que autorizan a las comunidades negras agrupadas en COCOMACIA para ejercer como la máxima autoridad de administración de su territorio, la cual debe ejercerse de manera autónoma e independiente sin la injerencia de ningún actor. Por ello, un proceso de paz como el que se adelanta hoy entre gobierno y Farc debe ser coherente y garantizar la protección y los derechos que tenemos como pueblos de especial protección. En ese sentido nos preocupa que dicho proceso de paz termine arrebatándonos avances legales que ya se tenían desde la constitución de 1991.
Desde que llegaron los actores armados a nuestra región venimos denunciando los atropellos cometidos en contra de nuestra población, comunidades y proceso organizativo. Hemos elaborado una posición política en donde fijamos nuestro desacuerdo con la presencia de actores armados en el territorio y trabajamos una reglamentación interna facultada en el derecho consuetudinario. En ella definimos las reglas básicas a nivel social, económico, ambiental y territorial para una buena convivencia en armonía con la naturaleza.
Los daños con el desarrollo del conflicto armado son bastantes e irreparables, pues los múltiples asesinatos, desplazamientos, masacres, desapariciones, intimidaciones, bloqueos, retenes y abandono estatal se suman a las grandes afectaciones territoriales y ambientales con las políticas de la locomotora minero-energética que solo busca feriar y entregar en subasta nuestras tierras a las multinacionales. Como organización declaramos que todas las concesiones mineras otorgadas por el gobierno nacional en nuestro territorio son ilegales, ya que se han dado a espalda de nuestra gente, sin el consentimiento previo e informado, pues ello también hace parte del compendio de normas que en nuestro Estado se deben garantizar y respetar.
Para COCOMACIA el TERRITORIO es el espacio que acoge la vida y su integralidad y que tiene que ver con la extensión de la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el bosque, los animales etc., que permiten la subsistencia humana.
Manifestamos nuestro rechazo total a la minería mecanizada y a cielo abierto que solo está acabando nuestros bosques, sedimentando nuestros ríos y ciénagas y deteriorando la rica flora y fauna de este rincón de la patria que debe seguir siendo el pulmón del mundo por su gran biodiversidad.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los peligros a los que nuevamente se ven expuestas nuestras comunidades y pobladores. La FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN continúa desarrollando actividades que son competencia de las autoridades civiles del orden nacional, departamental y municipal, con las que se viene vinculando a la sociedad civil Medio-Atrateña en el conflicto armado, pues las iniciativas o labores sociales que LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN realiza en algunas comunidades solo buscan poner en más peligro la vida y la integridad de la población. Solicitamos a los organismos de control vigilar el comportamiento de las fuerzas regulares colombianas en su actuación en el Medio Atrato. También demandamos de las autoridades civiles cumplir con su deber y funciones encomendadas en la ley.
Solicitamos a los grupos alzados en armas desocupar nuestros territorios y respetar el ejercicio de la autonomía de los Consejos Comunitarios que de acuerdo con la Ley son la máxima autoridad de administración interna del territorio titulado a la Comunidad Negra. Por lo tanto, no deben interferir por ningún motivo en ejercicios de administración territorial, control social y ambiental en el Medio Atrato.
La paz es un bien superior a que todos los colombianos tenemos derecho. Por ello instamos a todos los actores armados a iniciar procesos de negociación con el Estado con el fin de cesar las acciones violentas que atentan contra la tranquilidad pública y causan tanto derramamiento de sangre en nuestro país.
COCOMACIA valora, reconoce y apoya cualquier iniciativa que propenda a alcanzar la
paz de manera estable y duradera. Sin embargo, rechazamos cualquier iniciativa que busque dejar armados a los armados. ¿Cómo entender que los que eran nuestros verdugos serán los nuevos policías rurales? ¿Cuál autoridad moral y política tienen para garantizar el orden público en nuestro territorio? Nuestras costumbres enseñan que este no es un rol que se le entrega a todo el mundo. Por ello, no podemos aceptar los anuncios presidenciales para la conformación de la policía rural.
Rechazaremos cualquier intención de creación de zonas especiales o de reserva campesinas en nuestro territorio dentro de las coordenadas que delimitan la resolución 04566 de 1997, pues el verdadero desarrollo agrario que necesitamos es la implementación del Plan de Etnodesarrollo que hemos construido y presentado desde el año 2005 al gobierno colombiano en sus diferentes niveles.
Manifestamos nuestra preocupación por las figuras jurídicas que se contemplan en el punto 1 de las negociaciones en La Habana (Desarrollo Agrario), referido a la conformación del fondo de tierras. Dejamos claro que bajo ningún motivo aceptaremos la aplicación de éstas en nuestros territorios titulados, ya que son violatorias de los derechos adquiridos desde la constitución de 1991 y toda la legislación especial existente para comunidades étnicas. Consideramos que estas figuras jurídicas no son más que nuevas formas de invasión y expropiación territorial, económica, social y cultural a las comunidades legítimas, dueñas del territorio.
De acuerdo con todo lo anterior solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional para no permitir que nuestro territorio se convierta en zona de concentración de ningún grupo armado y con ello se abra el camino para expropiar territorial, económica, social y culturalmente a nuestras comunidades.
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL MEDIO ATRATO