Porque conocemos la situación de numerosas comunidades del Pacífico y hemos conocido su forma de gestación, organización y la forma en que se desarrollan las protestas, las exaltamos como actos legítimos. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno al uso del ESMAD como un agente represor de la movilización social…Comunicado público
Bogotá, 24 de mayo de 2017
Las organizaciones eclesiales, de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos abajo firmantes, expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas y populares en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano.
Las protestas y movilizaciones sociales que vienen caminando desde hace dos semanas han sido la opción popular para hacer visible su realidad social, humanitaria y ambiental; son fruto también de los repetidos incumplimientos del Gobierno ante los acuerdos surgidos de los anteriores paros (1987, 1994, 2000, 2009, 2014 y 2016). Las comunidades de Buenaventura y Chocó protestan para reclamar asuntos básicos para la vida digna, esto es educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Todo ello se manifiesta en violación de derechos humanos fundamentales, sociales, económicos, culturales y ambientales, expresiones de lo que los manifestantes han nombrado como racismo estructural.
Porque conocemos la situación
Porque conocemos la situación de numerosas comunidades del Pacífico y hemos conocido su forma de gestación, organización y la forma en que se desarrollan las protestas, las exaltamos como actos legítimos. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno al uso del ESMAD como un agente represor de la movilización social; su acción es una forma de confundir al pueblo, sembrar miedo y dilatar las soluciones a las condiciones socioeconómicas. Esta condición, repetida en toda manifestación de protesta social, nos obliga a exigir su desmonte.
Acompañamos la exigencia de declaratoria de emergencia social, económica y ambiental por conocer las condiciones concretas de vida de sus comunidades y el ambiente, y la consideramos justa e impostergable. Invitamos al Gobierno y a delegados comunitarios a mantener el diálogo hasta tanto no se atiendan de forma diligente y efectiva la situación. Llamamos a las
correspondientes autoridades e instituciones públicas regionales y nacionales a brindar garantías para la protesta social y el desenvolvimiento efectivo de la mesa entre Gobierno y el comité promotor del paro.
Por último, llamamos al Gobierno a cesar la represión de las legítimas protestas que se vienen adelantando en numerosos lugares de Colombia y le invitamos a ser consecuente con el proceso de paz y los reconocimientos que le han merecido a nivel internacional. Pues como dicen los manifestantes: “la paz debe ser para darle dignidad al pueblo”.
Apoyan y firman,
Asociación Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina
Corporación PACIPAZ Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
Red Nacional de Acueductos Comunitarios
Corporación Podion
Red Nacional en Democracia y Paz
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato –
ASCOBA
Consejo Comunitario General del San Juan ACADESAN
Asociación de Organizaciones Populares del Río Micay – ASOPOMY
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano
Pastoral Social Quibdó
Pastoral Social Granada
Pastoral Social Cúcuta
Pastoral Social Arauca
Pastoral Social Riohacha
Pastoral Social Tumaco
CENSAT Agua Viva
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Regional Pacifico
Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo – CAJAR
Corporación Vínculos
Programa de Comunicaciones – CRIC
INDEPAZ