Nueva medida cautelar para proteger los derechos territoriales del consejo comunitario La Larga Tumaradó en Riosucio, Chocó

El Estado colombiano avanza con determinación en la reparación y restitución a las comunidades étnicas víctimas de violencia a causa del conflicto armado El Juez de Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó podría ordenar medidas provisionales de protección para el territorio del consejo comunitario La Larga Tumaradó, mientras avanza la etapa administrativa que adelanta la Unidad de Restitución de Tierras.

Quibdó, 27 de octubre de 2014 (@URestitucion). El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó admitió, la solicitud de medida cautelar presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Dirección Territorial Chocó, con miras a proteger a las 38 comunidades beneficiarias del título colectivo de La Larga Tumaradó. En este territorio, con una extensión de 107.064 hectáreas, vivían cerca de 3 mil personas antes de ser obligadas a abandonar sus tierras en los años noventa por presiones paramilitares. La comunidad objeto de restitución de tierras se encuentran en jurisdicción de los municipios de Riosucio, Chocó y Turbo, Antioquia. 

Según el Decreto Ley 4635 de 2011, el objetivo de estas medidas especiales de protección es evitar o detener los daños inminentes que aquejan al territorio y le impiden a estas comunidades afrocolombianas hacer uso de sus tierras  ancestrales.

Para Miguel Franco, Director encargado de la Unidad de Restitución de Tierras: “Este es un escenario muy importante ya que las comunidades étnicas son un estandarte  dentro del proceso de Restitución y con esta medida cautelar se vela por la integridad de estas comunidades, víctimas de la violencia por años. Es un logro que demuestra el compromiso del Estado con las comunidades étnicas de nuestro país, avanzamos con paso firme por un país más justo, en equidad y paz”

La URT, desde la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), y un equipo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), adelanta, con la participación activa de las comunidades, la caracterización de afectaciones territoriales. De esta manera se reúne el material probatorio y se determina la inclusión o no del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). 

Si bien la Unidad avanza en el proceso administrativo, las medidas cautelares fueron presentadas ante el juez el pasado 16 de octubre para solicitar que el territorio del consejo comunitario sea protegido. De esta manera la URT evita diligencias de desalojo en contra de las comunidades mientras se surte el proceso de restitución.

La Larga Tumaradó es un territorio ubicado en el Bajo Atrato; por su proximidad con el océano Pacífico, el mar Caribe y su densidad selvática, se constituye como una región estratégica para la retaguardia de los actores armados, que utilizan la zona como corredor de armas, estupefacientes y narcotráfico.

Las mencionadas características convirtieron al centro comunitario en epicentro de disputas territoriales entre las FARC, el EPL y grupos paramilitares, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de las familias, el desarraigo y la perdida de las prácticas culturales propias de las comunidades negras.

En este contexto de conflicto armado, la población vivió un proceso intenso de desplazamiento por cuenta de la violencia, que implicó el abandono del territorio colectivo y la implementación de estrategias de despojo por medio de ventas forzadas y masivas.

La violencia impuso la reconfiguración territorial, pues con la salida de la población llegaron los cultivos de palma de aceite, ganadería extensiva, desforestación y la expectativa de explotación aurífera por parte de particulares y empresas privadas. Sumado a lo anterior, el régimen de terror instaurado por los actores armados vulneró los derechos al territorio, a la consulta previa, a la autonomía y gobierno propio que tienen las comunidades negras por ser sujetos de especial protección.

Cabe desatacar como antecedente a la solicitud de medidas cautelares para la protección de los derechos territoriales de este consejo comunitario, la gestión conjunta realizada por la URT y la Defensoría del Pueblo ante el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó, con la que se impidió el desalojo de diez familias que retornaron el año 2013 a la comunidad La Madre Unión, perteneciente al territorio colectivo de La Larga  Tumaradó.       

10/27/2014
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

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